En el mismo periodo, se elevó también en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores y se registra un descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas.
Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre de 2017 un total de 42.689 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 18%, según la estadística publicada este lunes por el Poder Judicial, en la que figuran 40.366 mujeres víctimas de maltrato (un 20,7% más).
En el mismo periodo, se elevó también en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2% del total de fallos dictados (8.885 condenas de 13.230 sentencias).
Destaca el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas, que siguen haciéndolo el 10,5%. Entre abril y junio de 2017 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar 4.263 mujeres, frente a las 4.341 del mismo periodo de 2016 (un 1,8% menos). Siguen siendo las mujeres extranjeras las que más renuncian a declarar contra su agresor (el 13,4 extranjeras y un 9,3 españolas).
El aumento de denuncias un 18% (han pasado de 36.166 denuncias en el segundo trimestre de 2016 a 42.689) significa un incremento de víctimas, en este caso del 20,7% (de 33.440 mujeres a 40.366). Se refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección.
El observatorio judicial refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección (se pidieron 10.242, 9.586 un año antes) y cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales. La violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 supera la media nacional (17) en Baleares (26,3), Murcia (21,8) y Comunidad Valenciana (21,3), mientras que la más baja se da en Castilla y León (10,8) y Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (ligeramente superiores a 11).
Casi un 70% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un ligero descenso de las presentadas por familiares de las víctimas (solo fueron el 2%). Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,25% de los casos.
En un 50% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección; un 3% de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad.
