Bruselas pide a España informes sobre la prisión a la que podría ir Puigdemont, antes de su comparecencia

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La Fiscalía de la capital de Bélgica ha reclamado a la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, información sobre el estado de las prisiones españolas, en especial la cárcel en la que ingresaría Carles Puigdemont en caso de que la justicia belga decidiera su extradición a España.

El expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su Gobierno que huyeron a Bélgica antes de que se presentara la querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, comparecen este jueves a las 14: 00 horas ante los tribunales belgas que tendrán que decidir si los deja en libertad, dicta para ellos prisión provisión provisional en Bélgica y dicta su extradición a España.

La Audiencia Nacional ha entendido esta petición como razonable y conforme a los procesos habituales en la judicatura.

El Ministerio de Interior español,  ha remitido a la Fiscalía Belga las respuestas a todas las preguntas que se han planteado y ha comunicado que Puigdemont y los ex consejeros varones ingresarían en la prisión de Estremera, uno centro de los más «avanzados» de España, y podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros. Estremera, inaugurada en 2008, está a 70 kilómetros de Madrid, y allí permanecen en prisión preventiva los exmiembros del Govern.

A la pregunta de «¿Cuáles son las dimensiones de la celda en la cual el (los) implicados (s) serán encerrados?», las autoridades españolashan ofrecido a la Fiscalía información adicional, como que cada celda está equipada para ser ocupada por dos internos y tiene inodoro y ducha con una separación para preservar la intimidad, así como conexión para televisión. También informan a la Fiscalía de que las celdas pueden ser compartidas pero se podría garantizar la estancia individual salvo que los facultativos observen riesgo de suicidio. Y a la pregunta de si hay «superpoblación» en la cárcel donde ingresarían los huidos y las medidas que se tomarían para «impedir que los implicados se vean confrontados con las consecuencias negativas de tal superpoblación», España señala que Estremera tiene 1.214 celdas y en la actualidad está ocupada por 1.071 internos.

Las autoridades españolas han respondido a catorce preguntas sobre el sistema carcelario, entre ellas las relacionadas con la higiene, el acceso a equipamientos sanitarios o duchas y a la asistencia médica, la comida, las actividades recreativas y culturales o las visitas de familias o amigos.

Recuerda España que solo si protagonizan incidentes violentos especialmente graves, los internos pueden quedar encerrados en una celda de aislamiento, pero siempre supervisado por el equipo médico, autorizado por el director de la cárcel y comunicado al juez de Vigilancia Penitenciaria. También tranquiliza a la Fiscalía belga al haberle informado de que la comida responde a las exigencias dietéticas de los presos, edad, salud y costumbres; de que pueden ir al gimnasio, a la biblioteca y a talleres y de que los reclusos realizan vida en común con otros unas ocho horas diarias.

Garantizan asimismo las autoridades españolas una asistencia médica primaria, pero también la especializada en la red pública sanitaria, así como su derecho a la defensa facilitando el acceso a sus abogados y su integridad física con medidas de seguridad interior para evitar agresiones.

Puigdemont y los cuatro exconsellers están citados a las 14.00 horas para comparecer por primera vez ante el juez de la Cámara del Consejo de Bruselas, que será el que decida si las órdenes europeas de detención (OEDE) dictadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 deben ejecutarse.

La magistrada Carmen Lamela dictó el pasado 3 de noviembre órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat y sus cuatro exconsejeros después de que un día antes no acudieran a declarar por su implicación en el desarrollo del procés independentista. Además de los tres delitos que les imputó según la querella del Ministerio Público, añadió también prevaricación y desobediencia para los huidos.