En su respuesta José Ángel Prenda, uno de los acusado, aseguró que “ellos ya intuyen cuando una mujer quiere o no”.
Ayer miércoles, en la declaración de los cinco encausados por la supuesta violación de una joven durante los Sanfermines y ante las preguntas que formaban parte de interrogatorio expreso a los acusados, dos de ellos reconocieron que la joven madrileña no consistió de forma verbal expresa la relación sexual, sin embargo mantienen que no se trató de una violación ya que se daba por entendido en consentimiento de la joven por su actitud.
Alegaron que en todo momento ella estuvo participativa y tranquila. En su respuesta José Ángel Prenda, uno de los acusado, aseguró que “ellos ya intuyen cuando una mujer quiere o no”.
Al terminar la vista ,Agustín Martínez Becerra, abogado de tres miembros de ‘La Manada’, afirmaba que había «ninguna contradicción» en la declaración de los acusados. «Cada uno ha contado, utilizando su forma de hablar, los hechos, y en forma alguna ha habido ninguna contradicción, como no podía ser de otra manera porque es todo bastante simple».
El abogado de la denunciante, Carlos Bacaicoa, ha señalado al finalizar el juicio que los acusados «mienten como bellacos». «Han afirmado que las relaciones fueron consentidas y que no hacía falta decir nada», ha asegurado el letrado.
En la jornada anterior, el pasado martes, los policías forales que han examinado los siete vídeos grabados por los miembros de ‘la Manada’ se ratificaban en que la joven madrileña mantuvo una «actitud pasiva o neutra», manteniendo «los ojos cerrados», por lo que han descartado que hubiera consentimiento para mantener relaciones sexuales con los procesados. Los abogados de la acusación particular han asegurado que los agentes han relatado que las imágenes reflejaban «humillación».
La Fiscalía mantiene que los cinco miembros de La Manada agredieron sexualmente a la joven de diferentes formas. La fiscal Elena Sarasate solicita 22 años y 10 meses de prisión para cada uno ellos: 18 años por un delito continuado de agresión sexual y dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad. Además, reclama 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena y la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima durante 20 años.
