El «fondo buitre» JC Flowers, es el que más se está beneficiando con los intereses millonarios que están generando cerca de 250 millones de euros todavía bloqueados desde marzo de 2015 -y a la postre depositado en Vall Banc-, a cientos de inversionistas que se vieron afectados por la intervención de la desaparecida Banca Privada de Andorra (BPA), a la postre traducido como un robo descarado a los accionistas originales.
J. Christopher Flowers, de 60 años, conocido como «pirata empresarial», con una fortuna de mil 170 millones de euros según la revista Forbes, es el hombre que está detrás de la firma de capital riesgo bautizada con su nombre, «JC Flowers», que controla el mayor grupo del mundo que invierte en instituciones financieras, desde España hasta Japón, en muchos casos, bancos con problemas.
Acostumbrados a buscar rentabilidad donde sólo hay quiebra y destrucción, esta entidad, que se ha centrado desde hace años en la periferia europea, vio en Andorra un gran filón para hacer negocios ventajosos, al adquirir los activos de BPA a un precio de ganga: 29 millones de euros, cuando éste tenía un valor de más de 500 millones de euros.
Sin embargo, JC Flowers, elegido sospechosamente por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB) para administrar los activos de la extinta BPA, al comprar los fondos «buenos» de Vall Banc, fue sancionado por la FinCEN por administrar un banco que blanqueó dinero, a diferencia de la BPA, en el que las mismas autoridades andorranas no tuvieron otra opción que reconocer que la inmensa mayoría de los clientes y las transacciones financieras, no planteaban una sola duda con respecto a su legalidad.
Tras comprar un pequeño banco en los Estados Unidos, el Saddle River Valley Bank, con sede en Nueva Jersey, el «fondo buitre» fue penalizado por la FinCEN, agencia del Departamento del Tesoro, por haber llevado a cabo grandes transacciones monetarias con clientes turbios en México y la República Dominicana. Pese a este negro antecedente, la AREB aprobó al comprador, sin importarle en lo más mínimo la poca ética de esta compañía americana que tenía un banco que lavaba dinero.
Aunque algunos analistas afirman que la venta del banco puente fue una medida desesperada, ante la incompetencia del gobierno andorrano en la gestión de la crisis causada en gran medida por sí mismo y su falta de transparencia.
Por otra parte, las afirmaciones de la AREB resultaron una verdadera farsa, ya que con la elección de J.C. Flowers no se lograron los objetivos establecidos en el plan de resolución de BPA, debido a que a tres años de la ilegal intervención no se ha visto la intención de regresar los capitales a sus legítimos dueños que no quitan el dedo del renglón y retoman con más fuerza la lucha para recuperar sus ahorros, amparados en la vía legal, sumando más de 110 querellas penales y administrativas presentadas ante los juzgados de Andorra.
A pesar que los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, tomaron todas las medidas necesarias contra JC Flowers y el Gobierno andorrano para bloquear la expropiación ilegal de la entidad bancaria, el proceso, viciado de origen por la mala gestión, siempre estuvo envuelto en secreto y desprovisto de responsabilidad y estado de derecho.
Baste recordar que desde el principio, los hermanos Cierco desestimaron este fondo estadounidense y aseguraban que no era la solución ideal al problema, por tener un historial de inversión cuestionable y de rechazo por parte del Gobierno español en sus intentos de adquirir un banco en España en una situación financiera deficiente.
Es decir, JC Flowers nunca representó una opción seria o responsable para resolver esta debacle que hasta el día de hoy ha sido mal administrada por el Gobierno andorrano. Amén de que había enfrentado en años recientes sus propios problemas de reestructuración financiera, reclamos legales y daño a la reputación de sus inversionistas, ya que sus fondos eran «expuestos a varios tratos fallidos».
El regulador andorrano nunca reveló por qué respaldó la expropiación de una institución financiera exitosa y altamente solvente, en lugar de una opción de reestructuración más razonable para evaluar y eventualmente corregir cualquier debilidad en los controles anti blanqueo de dinero.
