Desde su intervención en marzo de 2015, Banca Privada d’Andorra (BPA) se colocó en el objetivo del fondo buitre JC Flowers (JCF), conocido en el entramado financiero internacional por hacer negocios ventajosos al comprar activos a precios de ganga; ahora se sabe que la entrega de la entidad bancaria que hizo el Gobierno andorrano a J. Christopher Flowers, el CEO de la compañía, fue para salir airosos de la mayor crisis que ha atravesado jamás el sector financiero andorrano.
Conocedor del proceso de reestructuración del sistema financiero español que se abrió con la crisis en 2008, JC Flowers aprovechó para acudir a la compra de distintas entidades nacionalizadas y en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Todo este proceso estuvo dirigido por el Gobierno andorrano a través de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y el Instituto Nacional Andorrano de las Finanzas (INAF), bajo la asesoría de la firma Key Capital Partners, quienes crearon una estructura no transparente para expropiar a los accionistas originales, es decir, se confabularon para robarles su banco.
A esto se suma que el regulador andorrano nunca reveló por qué respaldó la expropiación de una institución financiera exitosa y altamente solvente, que tenía un valor de más de 500 millones de euros, y no optó por una reestructuración más razonable para evaluar y eventualmente corregir cualquier debilidad en los controles anti lavado de dinero.
En su lucha, los hermanos Cierco, accionistas del banco intervenido, demandaron al Gobierno de Andorra para reclamar 365 millones de euros por concepto de indemnización, bajo el precepto que Andorra omitió los riesgos que suponían las sospechas de blanqueo de capitales manifestadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, encabezado por FinCEN.
Para entender mejor este mega fraude, hay que conocer cómo opera un «fondo buitre»; su modus operandi consiste simplemente en comprar en el mercado deuda pública o empresas al borde de la quiebra, normalmente al 20% ó al 30% de su valor nominal, y luego especulan con la obtención de ganancias exorbitantes mediante procedimientos usurarios.
Como depredadores sociales globales, el nombre es una metáfora que compara a estos inversores con los buitres al sobrevolar pacientemente, esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilite rápidamente o países endeudados, tal es la costumbre de JC Flowers. Como en el caso de Andorra, suelen apostar a «pacientes» con alta probabilidad de rehabilitación, es decir, a Estados o empresas que tienen posibilidad de regularizar sus finanzas y salvar una cesación de pagos.
En otras palabras, mediante la especulación financiera, este «fondo buitre» compra títulos de deuda de los países en desgracia a precio basura para luego pleitear en los fueros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos, sin importar que violenta la legislación de Nueva York, que estipula es ilícito comprar deuda con el propósito de litigar contra ella; hasta ahora, de un modo u otro, JC Flowers ha logrado evadir la condena prevista en la norma.
Asimismo, cabe destacar que los Estados afectados por los fondos buitres, para hacer frente a sus obligaciones, en general, disminuyen su presupuesto destinado a promover y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. De ese modo, se ven principalmente perjudicados sectores de la población expuestos a situaciones de vulnerabilidad social, como son aquellos que se encuentran inmersos en la pobreza.
Esta situación reviste consecuencias negativas. Entre otras, la caída de las inversiones de capitales extranjeros en el país; el desfinanciamiento de mega estructuras de obra pública realizadas con préstamos foráneos y la caída de los precios de los bonos emitidos por el Estado deudor.
En este sentido, deberían considerarse muy especialmente las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su Protocolo Facultativo y las Observaciones Generales de su Comité, en el análisis y resolución de conflictos entre Estados deudores y sus acreedores cuando resulte plausible la afectación de esos derechos, como es el caso de JC Flowers, elegido sospechosamente por la AREB, para administrar los activos de la extinta BPA, al comprar los fondos «buenos» de Vall Banc.
