“La consultora trabajó irresponsablemente en un escenario de traspaso, afectando a miles de clientes que confiaron su patrimonio en el Principado andorrano”
El cúmulo de irregularidades por parte de la segunda consultora más importante del mundo, Pricewaterhouse Coopers (PwC), han traído graves consecuencias sobre miles de andorranos y miles de personas que confiaron su patrimonio en el Principado, debido a sus acciones legalmente incorrectas y éticamente inaceptables, en el caso de la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Según su Informe de Servicios profesionales sobre el Plan de remediación de BPA, del 29 de febrero de 2016, PwC clasificó los clientes entre «Aptos» y «No Aptos» desde una perspectiva de riesgo de blanqueo de capitales, aplicando una metodología propia. De acuerdo a este informe, PwC utilizó unas listas negras y unos procedimientos del año 2015 para clasificar carteras de clientes del 2007, es decir tuvo poderes sobrenaturales para saber las normas y listas del futuro.
La primera fase de esta metodología consiste en un filtrado de listas; básicamente PwC revisó si cada cliente estaba o no en unas listas negras, creadas a partir de personas vinculadas a procesos existentes a la Alcaldía andorrana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND). De forma que, si un cliente de BPA tenía alguna relación con alguna persona de la lista negra de la Alcaldía o de la UIFAND, era considerada como «No Apta», a pesar de que estos clientes no habían, ni han sido declarados culpables por un tribunal.
De acuerdo a un análisis de expertos en el tema, la presidencia de PwC incumplió con el criterio de ser un valorador independiente para estimar la destrucción de valor que tendría BPA, si iba por la vía de una resolución bancaria, o si iba por la vía de una liquidación, es decir la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), contrató como empresa valoradora a PwC sin que ésta cumpliera con el requisito de independencia, dado su importante contrato por la vía de remediación.
Asimismo, PwC al parecer no conocía la obligación legal que establece el artículo 5 de la Ley 8/2015: como paso previo para iniciar una resolución de la AREB, tenía que verificar que la destrucción de valor por la vía de liquidación sería superior. Erróneamente estimó las pérdidas en un escenario de liquidación y en un escenario de continuación, pero no para un escenario de resolución.
En las estimaciones de PwC no se identifica ninguna referencia al bloqueo de la cuenta de BPA de renta variable en Suiza, e irresponsablemente trabajó en un escenario de traspaso de clientes de BPA a la entidad puente cuando la renta variable está bloqueada y el correspondiente activo no se puede traspasar de BPA a Vall Banc, provocando un conflicto patrimonial, como se puede comprobar hoy en día. Es decir, PwC aconsejó ir por la vía de resolución sin detectar este problema y la correspondiente destrucción de valor.
Al día de hoy siguen miles de clientes con sus ahorros bloqueados en BPA o bloqueados, en cuanto a la renta variable, en Vall Banc, sin que se haya demostrado ninguna relación con el blanqueo de capital. Esto lleva a pensar que el criterio de clasificación de los clientes «no aptos» en relación al blanqueo de capital, tuvo desde inicio un nivel de error por parte de PwC del 100 por ciento.
Se vulneró el derecho internacional:
Por otro lado, abogados españoles de renombre como Jaume Alonso-Cuevillas y Andreu Van den Eynde, han dibujado un panorama de injusticia en el caso de la intervención de BPA, durante la jornada sobre “Derechos fundamentales en Europa, ¿en peligro?», recientemente organizada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), en el que tanto el gobierno español como el Principado, incurrieron en múltiples vulneraciones al derecho internacional.
Los jurisprudentes han coincidido en afirmar que lo más grave de todo es que los tribunales están «cambiando la interpretación de las leyes» y han exigido que los órganos judiciales europeos, den respuesta a todas las vulneraciones fundamentales que se produjeron en el caso BPA. Durante sus intervenciones expusieron la gravedad de éste y otros hechos ante el presidente del Consejo Superior de la Justicia (CSJ), Enric Casadevall; el magistrado del Tribunal de Cortes, Enric Anglada, y el mismo alcalde encargado de instruir la causa relativa a las amenazas y extorsiones contra ejecutivos de BPA, Manel Santolària.
Los también abogados de Puigdemont y Junqueras, quienes más interés generaron durante el simposio, están convencidos de que desde ahora y hasta agosto, alguna jurisdicción europea acabará emitiendo alguna resolución que «hará sacar los colores en la justicia española». Y cerraron la jornada con un tono serio: «No hay peor injusticia que aquella que se comete bajo el amparo de un Estado de derecho».
