Dos abogados y un funcionario de la Administración de Justicia han sido detenidos por su implicación en la alteración del reparto aleatorio de casos en materia de Seguridad Social de los Juzgados de Donostia.
El pasado mes de enero se denunció ante la Ertzaintza unas presuntas irregularidades cometidas por uno de los funcionarios de los Juzgados de lo Social de Donostia en lo tocante al reparto de determinados asuntos judiciales.
Las modificaciones detectadas consistían fundamentalmente en la perturbación de la asignación aleatoria de cierto tipo de casos en materia de Seguridad Social, más concretamente las demandas clasificadas como ‘Impugnación de altas médicas’ y ‘Minusvalía y dependencia’.
El funcionario investigado habría efectuado anulaciones y posteriores reasignaciones a determinados tipos de asuntos judiciales que entraban a reparto, alterando el orden de los Juzgados de lo Social en los que recaían. Asimismo, habría manipulado la clasificación de ciertas demandas, alterando los códigos de las materias o clases de reparto designados a determinados expedientes que entraban a reparto.
En la gran mayoría de las alteraciones localizadas, se observó que existía relación directa con un determinado bufete, conformado por dos abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Gipuzkoa.
Se comprobó la existencia de comunicaciones entre uno de los abogados y el funcionario, que habían entablado numerosas conversaciones telefónicas en el último año. Asimismo, se constató cómo en los últimos años el funcionario disponía de una fuente de ingresos monetarios no justificada.
Finalmente el pasado día 6 de junio de 2018 la Sección Central de Delitos Tecnológicos de la Ertzaintza desplegó un operativo en Donostia, en el que se practicaron varias Entradas y Registros en las que se incautaron evidencias tecnológicas, diversa documentación y dinero en efectivo; y resultando detenidas tres personas – un funcionario de la Administración de Justicia, de 51 años, y dos abogados, ambos de 52 años – acusadas de presuntos delitos de cohecho, daños informáticos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Tras su puesta a disposición judicial, los detenidos fueron puestos en libertad, imponiéndose una fianza da 40.000 euros al funcionario de la Administración de Justicia.
