“El caso BPA, es tan solo una muestra de la escalada de estafas en todo el mundo; demandas por daños y perjuicios de sus clientes, parece no tener fin”
No es casualidad que la desacreditada consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC), haya estado envuelta en 16 escándalos financieros en los últimos seis años, enfrentando demandas multimillonarias en todo el mundo, afectando intereses de miles de personas, como en la auditoría realizada a la Banca Privada d’Andorra (BPA) en el que se le acusa de haber aplicado una metodología inapropiada que llevó a la quiebra a dicha entidad y al colapso financiero a la banca andorrana.
Contratada, en una maniobra sospechosa, por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB), la empresa valoradora se embolsó buena parte de los 10,95 millones que el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF) presupuestó por el caso de la BPA intervenida en marzo del 2015, y que finalmente se pagó con fondos del banco, debido a que la AREB no contaba con recursos.
La mala praxis de PwC trajo como consecuencia que miles de personas que confiaron su patrimonio en el Principado, lo perdieran todo cuando se llevó al cabo la intervención de BPA, ya que, en el Plan de Remediación del 29 de febrero de 2016, la firma utilizó procedimientos del año 2015 para clasificar carteras de clientes del 2007, lo que resulta inverosímil y poco ético.
Desconociendo obligaciones legales, según el artículo 5 de la Ley 8/2015, erróneamente PwC estimó las pérdidas en dos escenarios, el de liquidación y el de continuación, pero no consideró para un escenario de resolución de la AREB, por lo que incurrió en negligencia al no verificar que la destrucción de valor por la vía de liquidación sería superior.
De manera irresponsable planteó un escenario de traspaso de clientes de BPA a la entidad puente cuando la renta variable estaba bloqueada y el correspondiente activo no se pudo traspasar de BPA a Vall Banc, provocando un conflicto patrimonial, ya que a la fecha miles de clientes siguen con sus ahorros bloqueados, sin que se haya demostrado ninguna relación con el blanqueo de capital y sin haber sido declarados culpables por un tribunal.
Desde octubre de 2012 la firma ya había sido sancionada por el Tribunal Supremo por 21 millones de dólares, por realizar una auditoría defectuosa a la empresa española Grupo Torras, que no reflejó con fidelidad las cuentas de la sociedad, al pintar un panorama optimista y alejado de la realidad financiera.
Apenas en mayo del 2017, cuando el caso BPA mantenía al Principado en un tsunami mediático y legal por las cientos de demandas de clientes aglutinados en la Plataforma de Afectados, para contraatacar a Vall Banc y al Ejecutivo andorrano a través de varios bufetes de abogados que trabajaron en la elaboración de las denuncias masivas para reclamar el regreso de sus capitales, el Ministerio de Economía de España multaba a PwC con 193.608 euros, por la irregular auditoria que realizó sobre las cuentas de IBM en el ejercicio 2011.
En enero de este 2018, una juez federal estadounidense resolvió declarar a la firma culpable por no detectar en agosto de 2009, un fraude de 3 mil millones de dólares, entre los ejecutivos de Taylor, Bean & Whitaker (TBW), una extinta firma hipotecaria, y sus contrapartes de Colonial Bank, una institución de crédito con sede en Alabama, en un caso que arroja nueva luz sobre la responsabilidad de los auditores para detectar estafas.
El magistrado decretó que la firma no realizó las revisiones pertinentes para determinar que los estados financieros de Colonial Bank se expusieran de manera adecuada, al aprobar y certificar más de mil millones de dólares de sus estados financieros, provocando uno de los mayores colapsos bancarios en la historia de Estados Unidos, país que por cierto fue el artífice de la quiebra de BPA por la arbitraria denuncia que presentó a través de su agencia anti-blanqueo.
El caso «Luxleaks» ha sido la gota que derramó el vaso, la filtración de los llamados papeles del escándalo financiero Luxembourg Leaks, puso en el centro del presunto fraude fiscal a PwC. Estos y otros casos, ponen de manifiesto la fragilidad de los servicios «profesionales» de PwC, cuyas demandas por daños y perjuicios, al incurrir en negligencia constante, parece no tener fin.
Comunicado Externo.
