Tras la reunión mantenida en La Moncloa entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, ambos han acordado crear un grupo «bilateral y permanente» para traspasar las competencias pendientes.
En los traspasos priorizarán tres materias «que se encuentran más avanzadas», como son las de autopistas (A-68 y parte de la A-1), puerto de Pasaia, y centros penitenciarios.
Además, Urkullu ha trasladado a Sánchez «la necesidad de un nuevo enfoque para la política penitenciaria en este nuevo tiempo tras la disolución definitiva de ETA», dentro de la legalidad, y ha destacado que es precisa «una reorientación legal de la política penitenciaria y el acercamiento de presos». Por su parte, Sánchez se ha comprometido a conformar un grupo de trabajo para «la normalización» de la política penitenciaria.
El lehendakari ha planteado a Sánchez una reforma del modelo de Estado, que asuma la plurinacionalidad y que reconozca los «hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular». «No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia», ha asegurado Urkullu.
Urkullu ha propuesto explorar una convención constitucional con el fin de que se apueste por un «constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos».
