Los cuatro activistas que se encerraron en una antigua mina situada en Itsasondo para paralizar las obras de la «Y» vasca fueron condenados ayer por un delito de coacciones a pagar una multa de 540 euro por persona.
La condena es fruto de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Gipuzkoa tras la retirada de la acusación particular que ejercía el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS), en el que se ha aplicado a los encausados la atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos tuvieron lugar hace ocho años.
Además de las citadas multas, los inculpados deberán abonar una cantidad aún por determinar en concepto de responsabilidad civil, para satisfacer los gastos de su rescate del interior de la mina, y que se concretará en la fase de ejecución de la sentencia.
