“Cientos de clientes de la extinta BPA, de todas partes del mundo, siguen siendo sometidos a una desproporcionada e injustificada investigación”
Son incontables los analistas financieros que sugieren la existencia de una especie de complot o «pacto del silencio” en el entorno del caso de la Banca Privada d’Andorra (BPA), en lo que pareciera tratarse de una operación planeada con alevosía, sin importar los daños colaterales a clientes, inversionistas y a la misma plaza financiera andorrana; todo apunta a que hubo arbitrariedad en la toma de control del banco y una mala praxis política que propició la injustificada acusación de blanqueo de capitales a nivel internacional.
A más de tres años de la intervención de la entidad, aún quedan cientos de cuentas de clientes de todas partes del mundo, bloqueadas en Vall Banc y que siguen siendo sometidos a una desproporcionada e infundada investigación, algo que resulta inadmisible para los afectados y a toda razón elemental. Detalles inéditos hasta la fecha en el caso, demostrarían la presunta injerencia del Ejecutivo del Principado sobre las instituciones encargadas de comprobar la pulcritud de las operaciones de la extinta BPA, como son el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) y la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB).
En base a los informes engañosos de la desprestigiada firma PricewaterhouseCoopers (PwC), la UIFAND, que preside Carles Fiñana, solicitó que se declararan no aptos sin ningún tipo de control o análisis a los clientes bloqueados. No ocurrió así con las cuentas que otras entidades bancarias tenían con BPA y los de aquellas personas que estuvieran relacionadas tanto con el Ejecutivo como con las entidades públicas del país y con los bancos que se consideraban exentos de revisión.
La familia Cierco, principales accionistas de BPA, habían denunciado en su momento ante el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) y el Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Blanqueamiento de Capitales y Financiación del Terrorismo, el irregular proceso de auditoría que PwC realizó para facilitar la creación de Vall Banc y desapropiarles de la BPA.
Los accionistas mayoritarios del banco intervenido han acusado a Carles Fiñana, de los delitos de uso de información privilegiada, revelación de secretos, omisión del deber de persecución de delitos, prevaricación, de no proteger a los intervinientes en el proceso, coacciones y amenazas, ya que insinúan, el Gobierno habría dejado caer BPA, afectado por este tipo de prácticas, que el FinCEN (organismo que lucha contra el blanqueo de capitales internacional que depende del Tesoro de Estados Unidos) consideraba ilícitas y que eran legales en ese momento en el país.
Existen indicios para pensar que el jefe de la UIFAND facilitó información sobre hechos que afectaban a BPA o recibió detalles o elementos del que se estaba preparando y podía afectar al banco que posteriormente fue intervenido. Si Fiñana hubiera facilitado algún tipo de información de la entidad en estos círculos, habría incurrido en un delito. Y grave, si se tiene en cuenta que la caída de BPA tambaleó la credibilidad de toda la plaza financiera andorrana.
Fiñana, habría recibido información privilegiada, que el FinCEN estaba trabajando en el documento que haría caer al banco: la nota acusatoria que retiró un año después por falta de evidencias. Es decir, el funcionario conocía los hechos que se iban a producir. Tras la decisión del FinCEN en marzo de 2015, de sancionar al banco andorrano y su posterior intervención pública y liquidación, Fiñana confesó que se investigaba a la entidad desde 2010, a pesar de existir un antecedente de dos certificados de buenas prácticas de años anteriores.
A esto se añade una nota del consejero de asuntos económicos de la embajada estadounidense en Madrid, Anton K. Smith, quien sugiere fue la negligencia del Gobierno de Andorra la que derivó en la crisis de todo el sistema bancario del país, de acuerdo a un correo electrónico desclasificado por el Departamento de Estado de EE.UU.
Debido a que las autoridades andorranas ignoraron las alertas de los organismos americanos, el FinCEN decidió utilizar el banco más pequeño del país (BPA), como escarmiento para todo el sistema, habría reconocido Smith en abril de 2015. Todo esto desvela que el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, no dijo la verdad cuando, estallado el caso, declaró que era una situación “excepcional y transitoria”. Y es que Andorra conocía todos los detalles, porque los recibieron por canales oficiales.
Es un hecho que el caso BPA marcará un complicado final del mandato del presidente de Andorra, Antoni Martí, y mientras el tiempo llega, las zonas oscuras de la caída de BPA se disiparán parcialmente, debido a que el hecho de que algunos clientes se les investigara de forma casi abusiva y a otros (las cuentas bancarias del Gobierno del Principado y todas las instituciones públicas del país) se les haya declarado aptos sin necesidad de revisión, supone una clara discriminación y arbitrariedad por parte de las autoridades andorranas.
