“Los intereses generados por los 254 millones de euros bloqueados a clientes, son utilizados para poder cubrir gastos del descomunal fraude.”
Las millonarias facturas que reclama la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) por desprestigiar a la Banca Privada d’Andorra (BPA), ahora se tienen que pagar de las arcas de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, y el banco bueno Vall Banc, fondos que son producto de los intereses generados por los 254 millones de euros bloqueados a clientes que fueron imputados por presunto blanqueo de dinero y que podrían llegar a quedar embargados judicialmente, todo un descomunal fraude al que se suma los fondos que la AREB ha solicitado al gobierno andorrano para hacer frente a los gastos jurídicos que generaron los litigios de cientos de ahorradores afectados.
Contratada por la AREB, la descreditada firma PwC se embolsó buena parte de los 10,95 millones que el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), dirigida por Ramón López, presupuestó por el caso de la BPA y que finalmente se pagó con fondos del banco intervenido por la ilegal auditoría que estuvo siempre indirectamente al servicio de la investigación para criminalizar a la entidad bancaria. A pesar de que los informes irregulares de PwC carecen de autoridad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAND), encabezada por Carles Fiñana, en complicidad con la AREB, insisten en presentarlos ante la justicia andorrana con la finalidad de seguir reteniendo los legítimos fondos de ahorradores e inversionistas.
En este sentido cabe destacar que, de todas las declaraciones provenientes de los bancos, hay 44 que las presentó la AREB y corresponden a cuentas de clientes de la antigua BPA que no han podido hacer aún el proceso de migración a Vall Banc. ¿Qué espera el Gobierno de Antoni Martí para devolver a sus legítimos dueños lo que nunca jamás les tendrían que haber quitado?
La infame historia que inició el 10 de marzo de 2015, no fue sino una maquiavélica, terrorífica y auténtica «conjura» contra BPA y los hermanos Cierco, socios mayoritarios del banco, en la que el director de la UIFAND, Carles Fiñana, se ha negado una y otra vez a presentar los documentos que los consejeros generales de la Legislatura le han solicitado, amparado en que éstos son «confidenciales y secreto de estado». Será por algo que la AREB, la INAF y la UIFAND, son las instituciones que han recibido más críticas por su falta de transparencia; estos organismos públicos serían las «cajas negras del acceso a la información».
La denuncia del FinCEN se conformó en base a pruebas falsas -información que fue facilitada por autoridades españolas y andorranas-, es decir nadie había cobrado por blanquear dinero y por tanto toda la instrucción estaría viciada por una suerte de pecado original, dando un carácter ilegal a todo el caso BPA. Lo cierto es que quien puso en marcha la maquinaria del Estado aquella fecha fatídica no fue el fiscal general sino el jefe de gobierno en funciones, Antoni Martí.
La supuesta defensa de Antoni Martí del interés general, fue una reacción automática e irreflexiva, ya que no se consultó a la INAF y a la UIFAND, por el contrario se dio credibilidad a la denuncia del FinCEN estadounidense, y aunque las autoridades norteamericanas retiraron la nota contra BPA en febrero del 2016 por requerimiento judicial a instancia de los accionistas mayoritarios de la entidad, hoy se sabe que los mismos reguladores del estado certificaron en los años 2011 y 2012, que la entidad cumplía rigurosamente con los preceptos legales contenidos en la ley de cooperación penal internacional y lucha contra el blanqueo de capitales, habiendo sido objeto además, de sucesivas auditorías externas.
El mismo Fiñana confirmaría que BPA no había sido objeto en los últimos tres años de ninguna acción correctora ni medida sancionadora en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el mismo sentido, el INAF certificaba en 2011 que «la entidad bancaria no tiene referencias negativas en su historial y no ha sido, ni está, sancionada o inhabilitada para el ejercicio de sus actividades». Y añadía que BPA «desarrolla sus actividades sin incidencias relevantes en el control de riesgos».
El Estado andorrano en lugar de defender los derechos fundamentales de sus conciudadanos, tomó acciones viscerales y precipitadas para justificar lo injustificable, que no hacen más que conculcar los principios constitucionales que generan este tipo de investigaciones o pesquisas más propias del medievo que de un Estado democrático.
