Gobierno de Andorra, UIFAND y PwC, los más beneficiados con los millonarios intereses que generan las cuentas bloqueada.
La triada, Gobierno de Andorra, UIFAND y PwC, persisten en su escalada de fraude al utilizar los altos intereses que genera el dinero de los fondos bloqueados a los clientes de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), hoy administrados por Vall Banc, para poder pagar las millonarias facturas que continúa generando este escandaloso caso que inició con la fracasada auditoría de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), por la cual ha cobrado hasta el momento cerca de 100 millones de dólares por la intervención de la entidad bancaria.
Quizá sea por este tipo de lucro que las ganancias de la desacreditada firma PwC por servicios de auditoría, impuestos y consultoría, crecen 7 por ciento cada año, pues tan solo en el 2017 significó ingresos brutos totales por 37,7 billones de dólares, mientras que, en el rubro de auditoría, sus operaciones crecieron 6 por ciento, que le redituaron 16 billones de dólares, de acuerdo a un informe de Bob Moritz, presidente Global de PwC.
Mientras estas transacciones también le han permitido a PwC concretar 19 adquisiciones alrededor del mundo tan solo el año pasado, parece que la única forma de pagar por los errores del gobierno de Antoni Marti, es retener el mayor tiempo posible con alegatos falsos, las cuentas de cientos de clientes que mantienen saldos multimillonarios y que generan intereses suficientes para hacer frente a la «danza de los millones» que se reparte la triada.
Sin importarle crear una mala reputación y destruir la confianza de sus clientes, ya que es una empresa que no está comprometida con la transparencia, como ha quedado demostrado en los últimos resultados de sus revisiones de calidad de auditoría interna, PwC y sus secuaces son acusados de prevaricación, apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documentos, por lo cual se les reclaman daños y perjuicios.
Más de tres años después de que se les bloquearan sus cuentas -en un intento por evitar la fuga masiva de capitales-, los clientes afectados y que nunca cometieron ningún tipo de delito, siguen siendo sometidos a una desproporcionada e injustificada investigación. Ciudadanos de todas partes del mundo y con cuentas de todo signo, continúan con su lucha ante los tribunales de la Batllia, por el hecho de que a algunos se les investigara de forma casi abusiva y a otros se les haya declarado aptos sin necesidad de revisión, lo que supone una clara discriminación y arbitrariedad.
Los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Cierco, advirtieron que el trabajo de auditoría de PwC representó un coste de «millones de euros» y que durante el proceso de análisis se fueron cambiando criterios y se aumentó el nivel de búsqueda, generando confusión, aunado a la gran incompetencia burocrática, falta de transparencia y encubrimiento de las autoridades financieras andorranas como la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), encabezada por Carles Fiñana.
Los Cierco denunciaron de igual forma ante el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) y el Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Blanqueamiento de Capitales y Financiación del Terrorismo (MONEYVAL) el desaseado proceso de auditoría que PwC realizó para facilitar la creación de Vall Banc y posterior migración. La denuncia tiene como epicentro el hecho de que PwC no hizo ningún tipo de revisión ni elaboró un nuevo cuestionario sobre el cliente (KYC) tras recibir el mandato del Gobierno de Andorra.
Para muestra de la irresponsabilidad y deshonestidad de PwC he aquí otro botón. El 19 de abril de 2015, la Audiencia Nacional de Madrid inició el juicio contra 61 socios y exsocios de la consultoría PricewaterhouseCoopers, acusados de fraude fiscal en contra de la empresa norteamericana IBM en 2002. Los denunciados eran Miguel Fernández de Pinedo, expresidente y administrador único de la firma; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting, quienes se hicieron acreedores a multas que superaron los 100 millones de euros.
Fueron 2 mil 200 clientes que no pasaron la auditoría que PwC hizo por encargo del Gobierno del Principado. De estos, cientos se quedaron colgados en el proceso de migración de activos de renta fija de BPA a Vall Banc, la entidad puente que se vendió al fondo buitre estadounidense JC Flowers. Según declararía un ex directivo del Banco Madrid tiempo después, eran 12 clientes sospechosos de 16 mil que había en BPA, lo cual no era suficiente para cerrar un banco.
Esta situación ha provocado en algunos afectados crisis dramáticas, incluso llegando hasta el suicidio, ante la desesperada situación que atraviesan, como el caso del prestigioso abogado mexicano Pedro Raymundo Salinas Arrambide, que se pegó un tiro en la cabeza en marzo de este año en la Ciudad de México, al quedar salpicado con el caso BPA por sospechas de blanqueo de capitales.
