La plataforma ciudadana GuraSOS denunció ayer en el Parlamento Europeo que el proyecto de la incineradora de Gipuzkoa excluye a la ciudadanía y es contraria a las nuevas normativas europeas sobre gestión de residuos.
Esta asociación se encuentra en Bruselas para tratar el asunto con la Comisión Europea (CE), donde presentaron hace dos meses una queja que ha sido admitida a trámite, y también con responsables de la oficina de estadística europea, Eurostat.
En esa queja, GuraSOS pone de relieve lo que considera el incumplimiento de varias directivas europeas, relativas a la adjudicación de contratos de concesión, y critica las medidas de participación del público en la elaboración de planes y programas de medio ambiente.
El coordinador de los servicios jurídicos de GuraSOS, Joseba Belaustegi, ha explicado que a nivel judicial cree incluso que esta queja puede llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Belaustegi señaló que expresarán hoy en una reunión con representantes de Eurostat el «fraude financiero» que en su opinión llevaron a cabo las autoridades públicas por el que «se inventaron una concesión de una obra a lo privado», lo que califica de «deuda encubierta».
Los ponentes han explicado los riesgos medioambientales y para la salud de esta incineradora, así como el contrato de concesión que se realizó sin «planificación ni participación ciudadana».
