“El organismo regulador compró los activos legítimos de BPA, sin poner ni un euro sobre la mesa y arruinó a clientes y accionistas”
El caso de la Banca Privada d’Andorra (BPA) por enésima ocasión se ralentiza tras la suspensión de juicio de la justicia andorrana, debido a la falta de imparcialidad del Tribunal para proceder a un juicio justo, y será el Tribunal Superior el que finalmente dictamine al respecto, mientras los más perjudicados siguen siendo cientos de clientes y accionistas que quedaron atrapados en el mayor escándalo financiero acaecido jamás en Andorra.
Sin que hasta el momento haya un responsable de este grave quebranto, al seguir debatiéndose si fueron los antiguos gestores del banco o el Gobierno que preside Antoni Martí, a casi cuatro años después de aquél fatídico 10 de marzo del 2015, hoy se tiene la certeza que se trató de una conspiración del imperialismo americano con ayuda de políticos y policías corruptos, traidores a su patria.
La coincidencia en esta historia de engaños y corrupción, que ocasionó la sentencia de muerte de BPA, es la gran incompetencia burocrática, falta de transparencia y encubrimiento de las autoridades financieras andorranas, entre ellas la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), encabezado por Carles Fiñana. A esto se suma el desaseado proceso de auditoría que realizó la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), por la cual cobró una suma millonaria, en perjuicio de más de 2 mil clientes.
Para entender el proceso de resolución deficiente y plagado de irregularidades, habría que repasar algunos antecedentes. Al crear la AREB a Vall Banc, un banco para aglutinar los activos y pasivos de BPA considerados legítimos, esta entidad dejó atrapados en el «banco malo» a miles de clientes, quienes sufrieron todas las pérdidas del proceso de liquidación.
Mediante una amañada inversión de fondos la AREB pasó a ser propietaria del cien por ciento de ambos bancos. Para iniciar la actividad bancaria de Vall Banc, la AREB decidió sacarse de la chistera unos papeles llamados CoCos (Bonos Convertibles Contingentes) y así poder comprar los activos legítimos de BPA, sin poner ni un euro sobre la mesa.
Lamentablemente los CoCos, a la postre afectaron la rentabilidad de Vall Banc y por tanto a su valor real. Vall Banc le ofrece a BPA los CoCos por 70 millones de euros, y en contrapartida transfiere un importante paquete de activos valorados por la AREB en 70 millones de euros, sin embargo, trascendió que los activos cedidos por BPA tenían un valor de 96 millones de euros.
Mientras expertos independientes, al comparar estos CoCos con otros emitidos por terceras entidades, dan a éstos un valor real de 15 millones de euros, es decir el valor de los activos entregados resultó ser mayor, mientras el valor de los CoCos recibidos menor. Después de esta perversa operación, Vall Banc fue vendido al fondo buitre JC Flowers, en esa misma ridícula cantidad, y no en 29 millones de euros como se dio a conocer de manera oficial, consumándose así el trasvase de más de 80 millones de euros, bajo tutela del corrupto estado andorrano, a manos privadas.
Al ser las dos entidades propiedad de la AREB, quedó consumado el gran negocio de «Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como», en un condenable hecho que se ganó el repudio de muchos sectores por la sucia actuación de las entidades reguladoras. Lo cierto es que Andorra dejó pasar el tiempo sin hacer nada para afrontar una crisis de su sistema bancario que podría haberse evitado, y que al final provocó la total desconfianza en los organismos de control, debido a que la nota de la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN) solamente fue para utilizar al banco más pequeño de Andorra, como escarmiento para el sistema bancario del Principado.
