“A casi cuatro años de haber estallado el escándalo financiero, ningún juez ha podido dictar sentencia.”
Cada vez sale a relucir más estiércol sobre el entramado de corrupción que se fraguó en el caso de la Banca Privada d’Andorra (BPA), debido a que los papeles de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCEN) y las investigaciones de las autoridades andorranas, nunca fueron determinantes para armar el rompecabezas que significaba la acusación de lavado de dinero de empresas vinculadas a funcionarios de alto nivel y empresarios de países de varios continentes.
La decisión del Instituto de Finanzas del principado (INAF), encabezado por Ramón Lopez, respondió a una endeble denuncia del FinCEN que culminó con la ilegal intervención de la extinta entidad bancaria, misma que ha tenido un alto coste para el estado andorrano, que a medida que hay nuevas noticias se deteriora más su imagen hacia el exterior, mientras los daños ocasionados tras la liquidación de BPA siguen su curso como una bola de nieve.
Varios plazos judiciales han vencido desde que estalló el escándalo financiero sin precedentes y nadie ha podido presentar testigos clave en los que se basó la acusación que el FinCEN hizo pública contra BPA, lo que ha derivado en que recientemente un juez de Estados Unidos haya ordenado que se facilite desclasificar documentos, correos y declaraciones en las que se basó la oficina de Delitos Financieros estadounidense para actuar deliberadamente.
Es por eso que la familia Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, mantienen la vía legal abierta en Estados Unidos, en paralelo a su reclamación al Gobierno de Andorra, a quien piden 300 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, apena de que cientos de clientes que fueron traspasados a Vall Banc, la entidad que se creó con «activos sanos», a la fecha no han podido recuperar sus depósitos que se les retiene ilegalmente.
A su vez la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), encabezada por Carles Fiñana, utilizó los informes engañosos y el pésimo trabajo de auditoría realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), para acusar de blanqueo de capitales a cientos de clientes, a quienes se les iniciaron procesos jurídicos, y a casi cuatro años, ningún juez ha podido dictar sentencia. Es clara la intención del gobierno andorrano de querer seguir bloqueando las cuentas para su beneficio.
La UIFAND y la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, son lobos con piel de oveja, que en una complicidad maquiavélica, han logrado seguir reteniendo los legítimos fondos de ahorradores y empresarios que siguen viviendo una verdadera pesadilla, pero que ante la verdad que empezó a salir a flote, podría llegar a su fin muy pronto. Al día de hoy, hay todavía mil quinientos clientes retenidos en la antigua BPA, todos con saldos millonarios.
La estrepitosa y escandalosa caída de BPA fue debido a la gran incompetencia, falta de transparencia y encubrimiento de las autoridades financieras andorranas, encabezadas por la AREB y la UIFAND, que actuaron bajo consigna de los grupos de poder. Hoy se sabe que se procedió de forma concertada e ilícita en términos procesales contra todos los clientes que no pasaron la auditoría de PwC.
Comunicado externo.
