“Una mala praxis política provocó la caída de la Banca Privada d’Andorra”
Las zonas oscuras de la caída de la Banca Privada d’Andorra (BPA) no se han podido disipar con el paso de los años, pues ni el mismo Tribunal de Corts ha logrado resolver la causa, a pesar de que en Estados Unidos es un capítulo cerrado; lo cierto es que el caso BPA desveló los mecanismos más perversos del sistema, de gente sin escrúpulos que se sirvieron de las herramientas del «Estado de Derecho» para destrozar la vida de miles de personas.
La intervención de la entidad generó un terremoto financiero en el Principado que provocó la huida de los ahorradores, y puso al borde del abismo a la que hasta hace unos tres años, era una de las principales plazas financieras del mundo, que difícilmente se podrá recuperar del daño que se ha hecho a su reputación.
Los clientes afectados por el estallido de la crisis de BPA y que nunca cometieron ningún tipo de delito, no sólo mantienen sus cuentas congeladas, sino que además siguen sufriendo un acoso tenaz e implacable por parte de las autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), sin embargo, la Fiscalía andorrana no ha querido actuar en relación a costosas propiedades que se ha señalado en medios, posee el director de dicha entidad, Carles Fiñana.
Este es un episodio más de cómo desde el poder se puede pervertir el sistema, sacar mal provecho de las circunstancias y hacer mal uso de las debilidades de quién, en teoría, tienen la potestad en los Tribunales, para que los que son inocentes o incluso víctimas, puedan figurar como los asesinos en serie más peligrosos de toda la historia del mundo.
Hoy se sabe que la justicia de Estados Unidos, luego de desclasificar parte de unos documentos del FinCEN, descubrió que por medio de varios correos electrónicos personal de la agencia estadounidense intentaba contactar con las autoridades andorranas ocho meses antes de que emitiera su famosa «Nota» contra BPA para alertar sobre presuntas malas praxis bancarias. Lo más grave es que dichos documentos que se han hecho públicos, apuntan a una crítica hacia toda la plaza financiera del Principado, donde unas pocas familias de empresarios, tienen una gran ascendencia sobre los órganos de poder.
Por otro lado, la defensa de los accionistas mayoritarios de la entidad transformada hoy en Vall Banc, los hermanos Cierco, ha conseguido avances clave que sustentan su relato sobre la existencia de una presunta mala praxis política que propició la acusación de presunto blanqueo de capitales a nivel internacional y que desde el principio supuso una clara discriminación y arbitrariedad por parte de las autoridades andorranas.
A casi cuatro años, sigue ganando fuerza la tesis que apunta a que el Gobierno, habría dejado caer convenientemente BPA, que estaría afectado por este tipo de prácticas que el FinCEN consideraba ilícitas y que eran legales en ese momento en el país que operaba como un paraíso fiscal, ya que no se había iniciado el proceso para normalizar las relaciones con el regulador europeo.
Toda esta maraña continúa su periplo, en el marco de un proceso electoral en Andorra, que se celebrarán en marzo de 2019, en medio de discrepancias y batallas internas, donde el caso BPA marcará el final del dos veces Ejecutivo del Principado, Antoni Martí, mientras su partido «Demócratas por Andorra», ha quedado muy tocado por las dudas que pesan sobre la responsabilidad directa en el caso de su todavía líder.
