“Cerca de 3 mil clientes de la extinta BPA, son víctimas del abandono y el menosprecio”
Lágrimas, desesperación e impotencia, son los sentimientos que han padecido miles de clientes desde la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en 2015, aunque increíblemente aún no se ha abierto ningún procedimiento judicial, el caso de un cliente a quien la justicia le ha dado la razón para que se le devuelva sus fondos invertidos, por considerar que no se le informó de la complejidad del producto, abre la puerta a otros afectados, para que puedan emprender acciones legales contra el banco «bueno» Vall Banc, donde se han efectuado las migraciones de cuentas “buenas”.
Existen muchos casos sorprendentes de clientes que la mayor parte de sus bienes están en el nuevo banco andorrano, en forma de renta variable, pero que no pueden vender ni tocar porque continúan bloqueados, por lo que insisten en reclamar a la antigua cúpula de la entidad bancaria el reintegro de los dineros que ya fue demostrado por el Gobierno de Estados Unidos que son legales, así como el correspondiente a los daños ocasionados.
La abogada Gema Martínez, considera que los clientes minoristas del banco intervenido que adquirieron preferentes, pueden emprender ahora acciones judiciales. También trascendió que hay una sentencia en un juzgado español que ordena que se devuelva el dinero a otro cliente que compró acciones de Banco Popular sin ser conocedor absoluto de la realidad financiera de aquella entidad que falseó las cuentas.
El gesto de abandono y menosprecio contra unos tres mil clientes atrapados, que en un 80 por ciento son de nacionalidad española, según datos de la plataforma de afectados, ha dejado por los suelos la reputación de la hoy cuestionada entidad bancaria, que nunca le importó en lo absoluto que, por su naturaleza fiduciaria, tiene un preponderante deber con sus depositantes y acreedores que confiaron sus ahorros.
Al prescribir la responsabilidad del Ejecutivo, los clientes ya no pudieron exigir nada al Gobierno, razón por la cual reclaman a los antiguos gestores de BPA en un intento desesperado de recuperar su dinero. A la fecha los gestores del banco andorrano Vall Banc (encabezados por el consejero delegado Christopher Lieber), que tiene actualmente como único accionista la AREB mediante un acuerdo ‘dudoso’ con el fondo buitre JC Flowers, negligentemente se niegan a desbloquear las cuentas en dólares y en renta variable de los clientes procedentes de BPA. Por el contrario, mantienen una conducta ilegal al limitar el retiro a los clientes a 2 mil 500 Euros por semana.
Para los letrados, los culpables del hundimiento de la BPA y, por consiguiente, de las pérdidas ocasionadas a los inversores y pequeños accionistas, es el gobierno que preside el devaluado Antoni Martí, quien con su intervención liquidadora y desmedida actuación, segó los cimientos de un banco que había pasado todos los controles de eficiencia y rentabilidad de los controladores bancarios del país.
El escándalo BPA sometió al sistema financiero de Andorra al escrutinio internacional, debido a su opaca estructura fiscal, lo que aceleró el proceso para que sus entidades financieras fueran fiscalmente homologables con las de la Unión Europea. Aunque las autoridades no lo cuantifican, miles de clientes han abandonado la plaza debido a ese proceso de cambio legislativo, provocando un decremento en la actividad bancaria, lo que era un coste asumible por el Gobierno. Mientras el intercambio automático de información fiscal, que se hizo efectivo a mediados de este año, siguen teniendo efectos negativos sobre las empresas del sector.
Ahora la pisoteada reputación de la plaza le ha valido perder la confianza y convertirse en una amenaza para las grandes fortunas y clientes con altos patrimonios que se vieron atraídos por el cobijo financiero que suponía la protección del secreto bancario, y que a la postre pasaron la auditoría que PwC realizó para decretar qué cuentas eran sospechosas de blanquear capitales y cuáles no.
