“Antoni Martí se confabuló con banqueros buitres para desfalcar y hundir a la Banca Privada de Andorra”
El más grande error histórico del gobierno andorrano fue colaborar con España y con Estados Unidos para hundir a la Banca Privada d’Andorra (BPA), a pesar de que hoy ha quedado demostrado que nada de lo que se acusó y señaló fue comprobado por la justicia del Principado, lo único que se logró fue que el resto de los bancos, el sector financiero del país en conjunto, permanezca herido de muerte ante la comunidad internacional y una clientela perdida.
A pesar de los vastos recursos que los banqueros andorranos han destinado para mejorar su imagen ante la opinión pública internacional, ni los esfuerzos del gobierno pirenaico han logrado darle la vuelta a esta lamentable historia. La justicia sigue investigando, pero sin encontrar responsables de prácticas bancarias toleradas desde siempre por su legislación y que ahora pretenden ser criminalizadas.
Es un hecho que la maquiavélica complicidad del Ejecutivo andorrano, ruin y servil, en la intervención de BPA tras la nota del FinCEN, ocasionó la pérdida de la principal condición de cualquier entidad crediticia que se precie: credibilidad y seguridad en su propia plaza.
La administración que dirige Antoni Martí, no pudo defender sus intereses propios sin dañar la economía del país, lo que pone en duda su continuidad al frente de un gobierno vendido a la mínima presión. Junto con su ministro de Finanzas, Jordi Cinca, deberán explicar a fondo por el lío del que se ha señalado, son los directos ejecutores.
Precisamente, la familia Cierco, accionistas mayoritarios de BPA hasta su nacionalización, presentó un recurso ante los organismos del Consejo de Europa encargados de la lucha contra la corrupción por considerar que el proceso de análisis de cuentas bancarias llevado a cabo por la infame empresa PricewaterhouseCoopers (PwC) fue “arbitrario” y “discriminatorio”, porque el proceso de traspaso de clientes y cuentas habría derivado en una situación injusta en la que hay cientos de clientes afectados y que a la fecha no pueden disponer de sus activos. Coinciden que todo lo acontecido sobre su banco fue una presión política a la que cedió el gobierno de Martí.
A esto se suma una demanda presentada en Estados Unidos para obtener información sobre los vínculos entre el fondo buitre JC Flowers, la entidad que finalmente se adjudicó el antiguo banco andorrano cuando pasó a llamarse Vall Banc, y los bonos convertibles emitidos por la entidad y que resultaron ser un verdadero fiasco.
La demanda, en la que también participa Joan Pau Miquel, antiguo CEO de la entidad, consiste en reclamar datos para demostrar una tesis apoyada en otros datos en relación a un litigio en otro país. La sospecha de los hermanos Higinio y Ramón Cierco, radica en que Vall Banc canjeó la deuda que generó con PBA por la cesión de activos con bonos convertibles, conocidos como CoCo’s. Esos bonos fueron emitidos por el banco por un valor de 70 millones de euros. Era una forma de cumplir con los requisitos de solvencia impuestos por las autoridades monetarias.
Sin embargo, la modificación de los criterios de solvencia, la caída de los tipos de interés y el hecho de que Vall Banc no pagaba a los tenedores, provocó la caída en picada de su valor, que abrió las puertas a JC Flowers para que acabara comprando el banco por la risible cantidad de 12,8 millones.
La petición a las autoridades estadounidenses está relacionada con la querella interpuesta en Andorra contra la Agencia Estatal Andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), debido a que la creación de los CoCo’s formaba parte de una estrategia para vaciar el banco en beneficio del fondo buitre y que nunca tuvieron el valor que se les dio.
Articulo escrito por Guillermo Olan. (Ajeno a este medio).
