“Aunque la mayor parte de los clientes que reclaman sus fondos ya han regularizado su situación, el Gobierno les sigue dando largas”
A cuatro años atrapados en una pesadilla que parece no tener fin, miles de clientes de la Banca Privada d’Andorra (BPA) siguen siendo desdeñados y humillados por los banqueros y el gobierno andorrano, sin poder tocar sus fondos, que ya fue demostrado una y otra vez, son legítimos; mientras las investigaciones sobre supuestas prácticas de blanqueo de capitales, que impulsaron al gobierno que preside Antoni Martí a intervenir el banco el 10 de marzo de 2015, se encuentran empantanadas a conveniencia.
Tanto el ejecutivo andorrano como la banca del país pirenaico siguen engañando a la opinión pública al asegurar que se han devuelto los depósitos a través de Vall Banc, la entidad que compró el fondo buitre JC Flowers, versión que han desmentido los mismos clientes afectados, que siguen sin poder recuperar sus ahorros y cuya espera se está haciendo demasiada larga.
De acuerdo a fuentes financieras andorranas, el valor de los activos congelados es de casi 500 millones y podría valer los 700 millones al día de hoy, lo que ha terminado siendo una vergonzosa ventaja para el nuevo propietario de Vall Banc, el fondo JC Flowers. Por su parte la Agencia Estatal de Resolución Bancaria (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, que también se ha beneficiado con los fondos bloqueados, justifica este complot, al asegurar que sigue a la espera de una resolución de la Justicia suiza para reclamar ese dinero.
Se dice que hay otros mil millones de euros que todavía siguen bloqueados en la antigua BPA y que no han podido migrar a Vall Banc. Y aunque la mayor parte de los clientes que reclaman sus fondos ya han regularizado su situación, no les ha servido de nada.
Se sabe que el fondo buitre solo ha pagado a la AREB 3,8 millones por el banco andorrano, es decir, la crisis financiera benefició lucrativamente al nuevo propietario de Vall Banc, pero sepultó infamemente el patrimonio de miles de clientes e inversionistas que hoy están arrepentidos de haber confiado sus valores a la ya desahuciada banca andorrana.
En el Principado se esfuerzan vanamente por hacer ver que la crisis de BPA ya se encuentra superada, pero lo cierto es que no hay voluntad para darle solución por parte del gobierno de Antoni Martí, que desde el principio fue sometido por el poder estadounidense para vergüenza nacional.
Y una vez más se ha vuelto a incumplir los plazos previstos de manera inicial para resolver este conflicto que tenía que haberse producido a finales de enero pasado. Enric Anglada, quien sustituyó en el cargo a Josep María Pijuan, será el nuevo magistrado que presidirá el Tribunal de Corts que juzgará la macro causa del caso BPA y por el cual se prevé un juicio largo. Tanto la Fiscalía como el gobierno andorrano, habrán de desplegar todo su abanico probatorio, sobre los supuestos ilícitos criminales que habrían cometido los directivos y empleados del extinto banco.
Por su parte los abogados defensores ya han expuesto que la actuación de BPA no fue diferente a la del resto de entidades bancarias del Principado, un banco que estuvo tutelado y supervisado en todo momento por el órgano de control financiero y bancario del país, el INAF, encabezado por Ramón Lopez.
