«Cuatro años después, persisten las dudas sobre los motivos reales de la intervención de la entidad bancaria, donde mantenían sus fondos 16 mil clientes que, con el paso del tiempo, ha perdido su valor”
Aunque Andorra puso en marcha un nuevo modelo bancario, que suponía un cambio de paradigma en el sector, lo cierto es que dejó de ser un país donde la banca resulte un negocio rentable; la siniestra vinculación de la Banca Privada d’Andorra (BPA) al presunto blanqueo de capitales, dejó por los suelos la reputación de la hoy cuestionada plaza financiera, que generó total desconfianza entre los inversionistas locales y extranjeros.
A cuatro años de la liquidación de la BPA, Vall Banc, –la entidad financiera que ahora tutela el fondo buitre JC Flowers-, mantiene atados los fondos de sus depositantes, los casos están siendo atendidos muy lentamente, persiste la ineficiencia y el burocratismo, y los ejecutivos siguen sin dar respuestas a los afectados en todo este tiempo que ha durado el proceso, el cual siempre ha olido a fraude, una historia sobre la que se ciernen más sombras y sospechas que certidumbres.
Siempre ha habido intereses mezquinos ocultos detrás de la intervención de BPA, así como en las investigaciones posteriores; existen muchas contradicciones y complicidades alrededor del banco de la familia Cierco, que la sociedad y la banca andorrana ha mantenido durante el tiempo transcurrido, y poco a poco se han desvelado los hechos que derivaron en la nacionalización del banco andorrano, así como cuáles fueron los motivos reales del FinCEN estadounidense.
Lo inadmisible de este «thriller», es que a pesar de que los clientes pasaron la exigente auditoría de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) -que nunca se hizo pública- y que Estados Unidos haya retirado desde hace tres años la acusación contra BPA, después de tanto tiempo continúan teniendo problemas para recuperar sus ahorros que ya ha quedado demostrado son legales, y la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, tampoco ha hecho nada para revisar los casos de los depositantes.
Ejecutivos bancarios y autoridades del Gobierno andorrano han mentido siempre, se han vuelto expertos en fraguar tácticas demoratorias que entorpecen el proceso para que los clientes recuperen su dinero; a pesar de que toda la información requerida se entregó en su momento a los analistas de PwC, y toda la documentación fue revisada y clasificada, los actuales funcionarios de Vall Banc aún no dan una respuesta positiva. A su vez la AREB, que identificó a los clientes como traspasables, negligentemente se negó a hacerlo.
Los miles de clientes afectados de VallBanc, que se mantienen en un limbo legal y sin margen operativo, mismos que han demandado por el daño moral y reputacional, siguen sin poder acceder a sus ahorros, al ser engañados siempre con la promesa siempre incumplida de traspasar los capitales a VallBanc y regresar sus fondos.
Por su parte el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, no garantizó que la irresponsable AREB hiciera los traspasos entre BPA y Vall Banc, por lo que muchos clientes no pudieron migrar de una entidad a otra. El ministro desvió la atención para encubrir la incapacidad de la AREB.
Durante el proceso de liquidación forzosa de BPA, la AREB se mostró negligente e incapaz para garantizar la debida protección de los derechos de los inversores. Esta institución tampoco ha hecho nada para revisar los casos de los depositantes en Europa. Por el contrario, se ha encargado de ser un verdadero obstáculo para que los clientes afectados puedan acceder a todos sus depósitos. Todas las víctimas coinciden en haber vivido la misma pesadilla, perjudicados por malas praxis de estas entidades que han consentido, alentado y escondido prácticas que el mundo financiero aborrece y poner en entredicho el nombre, el prestigio y la credibilidad de todo un país, además de llevar a la desgracia a miles de familias, muchas honradas y trabajadoras.
Los hermanos Higini y Ramón Cierco, accionistas propietarios de la BPA, demandaron al Gobierno andorrano, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), encabezado por Ramón Lopez, y la AREB, centrada en los daños y perjuicios causados por el bloqueo que sufren sus cuentas primero en BPA y luego en Vall Banc.
Mientras el gobierno de Antoni Martí, nunca ha sido eficiente, neutral y responsable en sus actuaciones, ya que al parecer ha respondido a propósitos personales. Al final ni el propio Gobierno de Andorra fue capaz de salir al rescate del sistema financiero, ya que nunca garantizó la operatividad de Vall Banc, que por su parte no ha aplicado correctamente las medidas de reestructuración necesarias, ni mostrado estabilidad, sin ofrecer soluciones financieras, siendo sus servicios un verdadero fiasco, actuando de forma irresponsable y deshonesta.
Ahora la flagelada reputación de Andorra como plaza financiera, le ha valido perder la confianza y convertirse en una amenaza para las grandes fortunas y clientes con altos patrimonios que se vieron atraídos por el cobijo financiero que suponía la protección del secreto bancario.
Cuatro años después persisten las dudas sobre los motivos reales de la intervención de BPA y que las 29 operaciones «fraudulentas», nunca debió ser motivo suficiente para una medida tan drástica como liquidar a la entidad, donde mantenían sus cuentas personales y de negocios 16 mil clientes que, con el paso del tiempo, su dinero ha perdido valor.
