Tal y como había advertido la Cámara de Cuentas de Andalucía en anteriores informes, finalmente ha destapado el descontrol de un importante paquete de subvenciones que se eleva a 2.988,7 millones de euros, sin justificación en la documentación pública.
De esta cantidad, 859 corresponden a la Consejería de Empleo entre los cuales se encuentran los cursos de formación. Le siguen en libramientos sin justificar otras consejerías como Educación, Conocimiento, Investigación y Universidad o, el Servicio Andaluz de Empleo, con libramientos por un valor de 319 millones, cantidades muy lejanas de los 38 millones de euros que ingresan las arcas andaluzas en concepto del impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Probabilidad de prescripción
Hoy, la preocupación del Ejecutivo popular-ciudadano confirma fuentes de la Junta a elEconomista estriba en la dificultad de recuperar algunas de estas cantidades, ya que ciertas partidas, de 2015, han rebasado el periodo de justificación. Luego, ha pasado el tiempo reglamentario para hacerlo, y por tanto, hay una alta probabilidad de que no se conozca el destino de ese dinero.En esa situación se encuentran una desaparecida o descontrolada certificación de 465 millones de euros de la Consejería de Empleo, o 138 millones de euros de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, sin dejar atrás 48 millones de los que no hay justificación por parte del Servicio Andaluz de Empleo.
No prescritas las justificaciones, pero fuera de plazo, la Junta que hoy gobierna Juanma Moreno Bonilla ha detectado 151 millones de euros en Empleo, 180 en el Servicio Andaluz de Empleo o, 185 millones en la Universidad andaluza.
Dentro del plazo de justificación, el importe de libramientos asciende a 1.121 millones de euros, siendo la sección de Empleo con 243 millones de euros, la que más cantidad de dinero tiene sin justificar.
La falta de control explicaría la negligencia que se ha dado en los cursos de formación
En opinión del Ejecutivo andaluz sin prejuicio de que algunas de estas subvenciones acaben finalmente con denuncias en los tribunales si se detectan irregularidades, la acumulación de estos casi 3.000 millones de euros, que no es más que «la foto de descontrol» de la gestión de Susana Díaz, se debe a tres factores. Por un lado, a un problema de procedimiento, por lo que la Hacienda andaluza diseña una actuación de simplificación burocrática; en segundo lugar, porque aquellos que recibieron subvención no llegaron a justificar la razón de la misma, para lo que se plantea el reforzamiento de las platillas para evitar el barullo contable y, por último, y éste es el caso más sangrante, porque no ha habido control alguno, y ahí es donde se circunscriben las ayudas a la formación, muchas de ellas en fase de instrucción judicial
El informe de la Cámara de Cuentas en el que se basa el análisis que ha hecho la actual Junta señala que las agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente, y la falta de remisión de la documentación han constituido una limitación para la fiscalización de estos organismos, agrandando el descontrol de la etapa de Susana Díaz.
Subraya el documento que algunas de estas entidades no ofrecen ni siquiera detalle o mención alguna en sus cuentas anuales de sus participaciones y aportaciones minoritarias en otras sociedades, fundaciones, consorcios, etcétera. Y añade que, aun cuando Hacienda salvó determinadas omisiones, en otras difiere con la facilitada por las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles mayoritarias, participadas directa o indirectamente. De hecho, todo ello impide garantizar el contenido y la dimensión de la población de entidades minoritariamente participadas directa o indirectamente por la Junta de Andalucía.
