Esta mañana ha comenzado en el Juzgado de San Sebastián el juicio del caso Balenciaga que sienta en el banquillo al exalcalde de Getaria, Mariano Camio, por las presuntas irregularidades cometidas en torno a la construcción del Museo Balenciaga de dicha localidad.
El fiscal acusa a Camio de haber inflado el gasto del museo para beneficiar al arquitecto cubano Julian Arguilagos, con el que mantuvo una relación sentimental, por el que Camio se enfrenta a una petición de 8 años de prisión.
Inicialmente, estaba previsto que el juicio tuviera lugar entre el 4 y el 13 de abril del año pasado, pero los problemas de salud del principal acusado motivaron su aplazamiento. Finalmente la vista oral se celebrará con un año de retraso, entre el 9 y 17 de abril, con la probable ausencia de uno de los tres acusados, el arquitecto Julián Argilagos, que se encuentra en paradero desconocido.
Sobre Argilagos pesa una orden europea e internacional de detención y entrega que hasta el momento ha resultado infructuosa. El tercer procesado es el también arquitecto cubano Rolando Paciel.
En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía de Gipuzkoa pide ocho años de cárcel para Mariano Camio por diferentes delitos presuntamente cometidos en la gestión del proyecto del Museo Balenciaga, inaugurado en esa localidad guipuzcoana en junio de 2011 cuando el caso ya estaba en los juzgados.
El Ministerio Público solicita además cuatro años de prisión para Julián Argilagos, que se hizo cargo del proyecto aunque no tenía convalidado su título en España, mientras que para Rolando Paciel, quien asumió las obras del museo cuando Argilagos residía en Miami (EEUU), reclama una multa.
La Fiscalía considera que Camio pretendió enriquecer a Argilagos. Entre otras supuestas irregularidades, presuntamente firmó un contrato con él, que contenía «cláusulas no habituales», según el cual los honorarios del arquitecto se incrementarían sobre lo acordado si aumentaba el presupuesto, de forma que un proyecto que no debía superar los 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros) llegó a los 15 millones de euros, y la cifra a cobrar por Argilagos alcanzó 1.126.830 euros.
Además de las defensas y la Fiscalía de Gipuzkoa, en este proceso judicial están personadas como acusaciones particulares la Fundación Cristóbal Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar, formada por el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Getaria (que gestionó la construcción del museo), que solicitan para los procesados las mismas penas que el Ministerio Público.
