En la vista celebrada ayer, tanto el Ministerio Público como la acusación particular solicitaron el reingreso en prisión del el padre de Izar, a la que acuchilló en enero de 2017 en Benifaló cuando la niña tenía dos años, y que en estos momentos se encuentra en libertad vigilada a la espera de juicio.
El procesado se encuentra en libertad vigilada desde el 15 de febrero, cuando fue excarcelado por decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Picassent, al haber cumplido los dos años de prisión provisional en espera de juicio que fija como máximo la legislación.
Dicho juzgado estableció entonces una serie de medidas cautelares para este hombre, entre ellas, la prohibición de acercarse o permanecer en la CAV, dado que las perjudicadas residen en San Sebastián, y la obligación de llevar una pulsera telemática que emite una alerta si se acerca a menos de 500 metros de ellas.
A pesar de ello, en la vista celebrada ayer, tanto el Ministerio Público como la acusación particular solicitaron el reingreso en prisión del acusado ya que, según Larrarte, en el caso existe un elevado riesgo de fuga, puesto que el procesado es de origen extranjero y no tiene arraigo alguno en nuestro país, circunstancia a la que se suma la elevada petición de pena, en total 30 años de prisión, a la que se enfrenta.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamarán penas que suman 30 años de cárcel para el procesado como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa contra Izar, con las agravantes de parentesco y de violencia de género, así como de un delito de lesiones psíquicas contra su madre, Sara Majarenas.
La acusación particular eleva este período hasta los diez años y solicita además que cualquier beneficio penitenciario del que pueda beneficiarse el inculpado durante la condena esté supeditado a la realización de cursos formativos sobre la violencia de género durante su estancia en prisión.
