Ayer arrancaron los dos primeros juicios a los más de 400 usuarios afectados de Euskaltel que en abril recibieron cartas de un bufete de abogados solicitándoles 150 euros por haber descargado, presuntamente, mediante sistema P2P contenidos de Internet.
El bufete les acusaba de haberse descargado varias series y películas en unas fechas concretas, y que tras conseguir sus datos mediante petición judicial, debían pagar 150 euros por película y 100 euros por capítulo de serie descargada para evitar ir a juicio.
La gran mayoría de los afectados decidió no pagar porque “es un amanera de sacar dinero extorsionando a la gente y pidiendo un dinero por algo que no hemos hecho”, han asegurado algunos de los afectados.
A partir de ahora, el Juzgado deberá decidir qué tipo de resolución adopta, porque es complicado condenar por piratería basándose sólo en la IP ya que puede haber utilizado otra persona tu conexión y esta está vinculada con un dispositivo, no con una persona.
A través de un escrito Euskaltel ha respondido que se vio obligada a facilitar las direcciones IP por obligación del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao. Asimismo, la compañía vasca ha pedido perdón a los afectados y ha asegurado que ha denunciado a la productora por enviar cartas “ilegales”.
Paralelamente, el Juzgado también deberá decidir si el uso de los datos de los clientes de Euskaltel por parte de los abogados ha vulnerado la Ley de Protección de Datos.
Teniendo en cuenta la posición del Tribunal Supremo, los usuarios deberían estar tranquilos. Si bien, una resolución discordante puede alargar más el proceso.
