El Gobierno de Mariano Rajoy gastó 500.000 euros de fondos públicos, en concreto de los fondos reservados, para proteger al Partido Popular del caso de su caja b, según la información publicada por la Cadena Ser.
Al parecer la información todavía clasificada como secreta por el Ejecutivo indica que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz destinó esa cantidad entre 2013 y 2015 para supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas e intentar recuperar y destruir pruebas que comprometieran a dirigentes de la formación.
La documentación secreta parece corroborar que el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, fue el cargo que aprobó la disposición de esos fondos para llevar a cabo la operación Kitchen en la que participaron el comisario Villarejo y la policía política.
Según la información publicad, los 500.000 euros sobornaron al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, colocaron los dispositivos necesarios, cámaras espía y micrófonos, en el domicilio donde el extesorero guardaba documentación del caso, y pagaron para que se siguiera a la familia y hasta a la empleada del hogar. Los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja b.
