- Unos 20.000 perceptores, como pensionistas y personas sin residencia legal, no recibirán el IMV pero sí la Renta de Garantía de Ingresos
- El Gobierno español se ha comprometido ya a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para avanzar, entre otros extremos, en la definición de los aspectos económicos de esta inminente transferencia
- Beatriz Artolazabal ha destacado que “esta negociación no se ha planteado nunca en términos de ahorro”
- Ha agregado que el bagaje de tres décadas de la Renta de Garantía de Ingresos vasca, que ha servido para “mejorar” la nueva norma
Vitoria-Gasteiz, 29 de mayo de 2020
La aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno español no tendrá incidencia sobre las personas que actualmente perciben la Renta de Garantía de Ingresos en Euskadi, ni sobre aquellas que en un futuro podrían acceder a ella, según ha explicado Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Hasta que se culmine el traspaso de esta nueva prestación en octubre, ambos ejecutivos van a acordar una encomienda de gestión que permitirá facilitar el servicio a la ciudadanía, siempre a través de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.
La consejera ha destacado que esta negociación “no se ha planteado nunca en términos de ahorro”. “Este supuesto ahorro no es objeto de nuestro cálculo ni reflexión. La realidad es que Euskadi va a seguir invirtiendo más presupuesto que el Estado en garantizar una renta a los colectivos más desfavorecidos”.
Artolazabal ha valorado la negociación que se ha producido entre ambos Gobiernos y que ha culminado con acuerdo como “larga, difícil, discreta y leal”. “Ha sido una minuciosa labor de orfebres. Un trabajo complejo. Pero que ha dado sus frutos”. Como resultado de ese acuerdo, el Gobierno Vasco ha logrado cumplir las tres premisas que tenía marcadas: “compatibilidad, complementariedad y ventanilla única, la de Lanbide”. “Este acuerdo es beneficioso para la ciudadanía y para el autogobierno vasco. Permitirá mayor eficiencia en la gestión. Y estamos satisfechos”.
Acompañada por Marcos Muro, viceconsejero de Empleo y Juventud, Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales y Borja Belandia, director general de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo en rueda de prensa, la consejera de Empleo y Políticas Sociales ha destacado que “hemos logrado el reconocimiento de nuestras haciendas forales a la hora de establecer las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital; garantizar la relación bilateral Euskadi – Estado, con el reconocimiento del sistema de Concierto Económico a través de la negociación del Cupo; y la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, como primer paso efectivo para el análisis del futuro traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social”.
Además, Artolazabal ha destacado que el Gobierno español se ha comprometido ya a una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para avanzar, entre otros extremos, en la definición de los aspectos económicos de esta inminente transferencia.
El aval de la RGI
Según ha detallado Beatriz Artolazabal, “en Euskadi ya llevamos un largo recorrido de rentas mínimas”. Así, ha recordado que la Renta de Garantía de Ingresos actual es un derecho subjetivo aprobado por Ley en el Parlamento Vasco, pero con un bagaje de tres décadas a sus espaldas, y que fue la renta pionera de este tipo en el Estado. “El propio Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá ha elogiado el modelo de la RGI”.
En ese sentido, en la elaboración de la legislación del Ingreso Mínimo Vital el ejecutivo vasco ha aportado “el conocimiento, la experiencia en la gestión y el buen hacer acumulado durante décadas”. Por ello, la delegación vasca ha contribuido “a pulir y mejorar” los sucesivos borradores del ministerio de Escrivá desde la “discreción y la lealtad”.
La RGI, ha insistido Artolazabal, “ha ayudado en momentos difíciles a muchas personas”. Por ello, ha considerado que “el IMV representa en el Estado lo que el Ingreso Mínimo de Inserción de 1990 representó en Euskadi. Supone un esfuerzo de redistribución de riqueza en el ámbito estatal, que en Euskadi venimos practicando desde hace 30 años. Y los frutos están encima de la mesa, unas tasas de pobreza inferiores a los del estado y acordes a los países europeos más avanzados”, ha indicado.
Contar con un sistema de rentas mínimas ha resultado crucial para disminuir los índices de pobreza y desigualdad en las últimas décadas en Euskadi. Así lo reflejan los datos, como un informe de la Fundación ISEAK que, citando fuentes de Eurostat de 2018 destaca que: la incidencia de la pobreza en Euskadi (18%), es sensiblemente menor a la del conjunto de España (26%) e incluso menor a la media de la Eurozona (22%). Mediante la simulación del escenario en ausencia de la RGI y su comparativa con la situación real, se infiere el impacto de esta política en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Euskadi. La RGI juega un papel fundamental en la reducción de ambas, especialmente en los años más severos de la crisis. Sin ella, la tasa de extrema pobreza se situaría en 2018 en el 8% frente al 5,1% real, es decir, 61.262 personas más serían extremadamente pobres en Euskadi en ausencia de la RGI”.
Mayor cobertura
Artolazabal también ha subrayado que la Renta de Garantía de Ingresos abarca más, tanto en términos de colectivos, donde incluye a pensionistas y a residentes no legales, como en términos de importes, (solo un caso está mejor tratado que en la RGI, y la mejora de este supuesto, estaba ya contemplado en la reforma planteada). “Sin la menor duda, podemos afirmar que nuestra RGI es más garantista que la nueva ayuda”.
Según su estimación, unos 20.000 perceptores, como pensionistas y personas sin residencia legal, no recibirán el IMV pero sí la Renta de Garantía de Ingresos en Euskadi, lo que significa que si residiesen en otra Comunidad Autónoma, no recibirían ayudas.
En este sentido, la consejera ha aludido a la posibilidad de reformar la Renta de Garantía de Ingresos en la próxima legislatura. “Creo que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital es una buena noticia, que ha supuesto también para algunos grupos políticos un ejercicio de realidad, de realismo político”. Así, Artolazabal cree esta nueva situación “va a propiciar llegar a acuerdos más amplios” para que en la próxima legislatura la gestión de la RGI “pueda estar regulada de forma más ágil y flexible adaptándose a un cambiable mercado de trabajo, al tiempo que se pueda beneficiar más a familias monoparentales con menores a cargo, tal y como preveíamos en nuestra propuesta”.
