El Gobierno Vasco considera que Euskadi ya cuenta con un dispositivo jurídico e institucional para impulsar la transparencia y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas y por tanto manifiesta su criterio desfavorable a tomar en consideración la proposición de ley formulada sobre esta cuestion por el grupo parlamentario de EH Bildu.
En la reunión celebrada hoy, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, no ve necesario dar curso a la propuesta de creación de una oficina para las buenas prácticas y contra la corrupción. El Ejecutivo vasco considera que el conjunto de las administraciones vascas cuentan ya con instrumentos internos de fiscalización y control económico y presupuestario, de modo que se evita una duplicidad.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) también realiza esta tarea de monitorización, lo mismo que el Tribunal de Cuentas del Estado para las funciones relacionadas con el enjuciamiento de la responsabilidad contable. También el Ararteko, la institución que supervisa el funcionamiento de las Administraciones autonómicas, forales y locales, se suma a esta labor, así como el Defensor del Pueblo del Estado, en el ámbito de sus competencias, y la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Por último, coadyuvan en esta labor de transparencia y fiscalización el Código Etico y de Conducta de los cargos públicos del sector público vasco, así como la Comisión de Ética Pública y la Comisión vasca de acceso a la información pública, sin olvidar los órganos judiciales vascos y el Ministerio fiscal de Euskadi.
La iniciativa no tiene en cuenta el complejo entramado institucional vinculado al control de la corrupción y las posibles redundancias que puede ocasionar la oficina anticorrupción planteada con los órganos ya habilitados. En definitiva, se trata también de evitar el riesgo de duplicar órganos y perjudicar la efectividad. Además, el modelo planteado por EH Bildu está más enfocado en crear unas nuevas estructuras organizativas, y de coste incrementalista, en vez de en la regulación de una acción pública más comprometida con los principios de la transparencia y el buen gobierno.
