Ante las demandas realizadas por el sector, y la singularidad de esta campaña sometida a las incertidumbres de la Covid, el Gobierno Vasco ha decidido realizar un anticipo del 70% de los pagos correspondientes a las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes al ejercicio 2020. Estos anticipos podrán alcanzar los 20 millones de euros y beneficiarían aproximadamente a unos 7.000 solicitantes. De ellos, unos 5.300 serían solicitantes de régimen de pago básico y pago verde y alrededor de 1.700 lo serían del régimen simplificado de pequeños agricultores/as.
Para agilizar la gestión de las ayudas y que el cobro sea lo más rápido posible, se procederá al anticipo de los pagos correspondientes a pago básico, greening y régimen de pequeños agricultores que no estén comprometidos con controles sobre el terreno ni cesiones de derechos, y que cuenten con los controles administrativos completados. Así se recoge en el Reglamento de medidas de flexibilización por la Covid, que permite realizar de manera excepcional pagos de anticipo de hasta un 70% de las ayudas directas PAC, mientras que en condiciones normales se limita al 50%.
Ayudas PAC
Las ayudas PAC se dividen en cinco grandes grupos:
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- Pago básico: Ayudas directas que recibe cada agricultor sobre la base de referencia de la campaña 2013
- Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde o greening)
- Pago complementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola
- Régimen simplificado para pequeñas explotaciones agrarias
- Ayudas asociadas a agricultores o ganaderos
Gestión compartida
Los fondos para estas ayudas se recogen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la gestión corresponde al Organismo Pagador del Gobierno Vasco quien delega parte de sus funciones de control en las Diputaciones Forales.
Es importante destacar que esa coordinación entre todos los agentes es básica para que esta notable inyección de fondos llegue al sector en tiempo y forma, sin retraso, a pesar del actual momento de crisis.
Valoración del Acuerdo sobre la PAC (2023- 2027)
El Consejo Europeo ha alcanzado la pasada noche un acuerdo general sobre el paquete de reforma de la PAC post 2020. La dotación financiera que finalmente se ha asignado a la PAC, alcanza los 390.000 millones de euros del presupuesto europeo, de los que unos 47.700 millones se destinarán a España y a Euskadi 65 millones de euros por año (2023 – 2027).
Euskadi comparte los 9 objetivos estratégicos de la PAC (garantizar una renta justa a los agricultores, aumentar la competitividad, requilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional); así como el nuevo modelo de gestión (Delivery Model) que impulsa esta reforma, que permitirá a los EE.MM. elegir las mejores herramientas y acciones a su disposición para alcanzar los amplios objetivos y estándares europeos.
A este respecto, como elementos más positivos de esta reforma, cabe destacar el carácter subsidiario que se deja a los EE.MM. para definir los beneficiarios potenciales o los sectores a apoyar, la introducción de ecoesquemas que posibiliten la transición que impulsa el Green Deal (pacto verde), el reforzamiento del sistema de innovación, conocimiento y asesoramiento a los agricultores, la integración de las ayudas de los dos pilares de la PAC en un único Plan (Plan Estratégico), o la evaluación de los Planes estratégicos en base al cumplimiento de objetivos e indicadores.
No obstante, el modelo de subsidiariedad no se ha extendido a las regiones con autonomía competencial en aquellos Estados de corte federal o autonómico, o al menos con autonomía fiscal como es el caso de Euskadi, impidiendo así la elaboración de un Plan Estratégico propio, ya que finalmente el reglamento aprobado sólo contempla un Plan Estratégico por Estado Miembro.
En este sentido, es de lamentar que, desde el Ministerio de Agricultura, en un Estado en el que todas las autonomías tienen competencias plenas en materia agraria, en ningún momento, pese al ordenamiento constitucional vigente, haya defendido ante la Comisión esa posibilidad.
En el plan estatal conviven estructuras productivas y sociales totalmente heterogéneas por lo que el actual acuerdo no permite al Gobierno Vasco aplicar una adaptación de las ayudas de la PAC a la realidad estructural y productiva de Euskadi.
