- Ordenará, simplificará y unificará los procedimientos administrativos previstos para las actividades con incidencia en el medio ambiente
- A partir de ahora, los grupos parlamentarios podrán realizar aportaciones al documento, para configurar un texto final con el mayor consenso posible
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Administración Ambiental del País Vasco que será remitido al Parlamento para su debate. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, considera que “es el momento oportuno para someter a debate y proceder a la aprobación definitiva de la Ley”, y se ha mostrado convencida de que “este intento será el definitivo”.
El proyecto de Ley de Administración Ambiental de Euskadi se ha elaborado siguiendo el concepto de “normativa inteligente”, según el cual, la normativa debe elaborarse reforzando el papel de la ciudadanía, analizando su repercusión socioeconómica y bajo la perspectiva de la simplificación administrativa, (unificando los procedimientos de intervención ambiental y suprimiendo trámites innecesarios).
El proyecto regula las competencias que en materia de medio ambiente corresponden a las diferentes Administraciones públicas de la CAPV articulando instrumentos de coordinación como son el Programa Marco Ambiental y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que se configura como un órgano consultivo y de participación.
Se diseña una nueva sistemática para favorecer la relación entre la Administración pública y la ciudadanía, con el fin de facilitar la participación de ésta en la toma de decisiones en materia ambiental, regulando el suministro de información, la participación y el acceso a la justica en relación con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. En este sentido, cabe citar la normalización de la herramienta de tramitación ambiental INGURUNET como medio para articular, entre otras, la gestión, la investigación y la toma de decisiones.
El proyecto de ley dedica una especial atención a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, bajo las premisas de la simplificación y la unificación de los procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial, integrando requisitos, y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de las actividades, pero manteniendo, a su vez, los elevados estándares de calidad ambiental propios de Euskadi.
Los instrumentos de mejora ambiental son también objeto de regulación en el proyecto de ley. En este sentido cabe citar los sistemas Europeos de Gestión Ambiental EMAS y de etiqueta ecológica, el análisis del ciclo de vida de productos y organizaciones, la ecoinnovación, la compra pública verde, la fiscalidad ecológica o la realización de acciones de voluntariado de interés ambiental general, todos ellos considerados como mecanismos diseñados para impulsar la corresponsabilidad pública privada en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones en esta materia.
La inspección y el control de las actividades con incidencia ambiental, como garantía de la adecuación a la legalidad de las actividades sometidas a la ley, es objeto de una regulación pormenorizada junto con las previsiones para la restauración de dicha legalidad y la exigencia de responsabilidad por daños ambientales, incluyendo la aplicación de sanciones como consecuencia de la realización de las infracciones que se tipifican en la norma dentro de su régimen disciplinario.
En términos generales, se trata de un proyecto que mejora sustancialmente la normativa en vigor, porque avanza en el control de las actividades con posible impacto en el medio, incorpora instrumentos que van más allá de esto, tales como la figura de las entidades de colaboración ambiental, el impulso del voluntariado ambiental, la hoy más que nunca necesaria Compra pública Verde, y el futuro a través de figuras como la Ecoinnovación y la fiscalidad ambiental.
La tramitación parlamentaria permitirá debatir y recabar aportaciones que enriquezcan el documento aprobado hoy en Consejo de Gobierno que, y según la consejera “ofrece una base legislativa que es un buen punto de partida”.
