El departamento de Artolazabal incrementa un 10,5% la inversión en Justicia

• La viceconsejería de Justicia dispondrá de 82,14 millones para mejorar la calidad y la eficiencia del sistema judicial
• El Gobierno Vasco dedicará 15 millones de euros al mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita

Vitoria-Gasteiz, 23/12/2020

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha explicado esta mañana en el Parlamento Vasco que el próximo año 2021, la viceconsejería de Justicia dispondrá de 82,14 millones de euros para desarrollar proyectos que redunden en la mejora de la calidad y la eficiencia del sistema judicial. Este nuevo presupuesto es un 10,5% mayor que el anterior y tiene el objetivo de reforzar los recursos humanos y materiales del ámbito de la justicia, así como acometer inversiones en infraestructuras y servicios tecnológicos. 

Una parte del presupuesto, concretamente 33,3 millones de euros, se dirigirá a modernizar la Oficina Judicial y Fiscal. Justicia tiene previsto afrontar en este ámbito un programa integral de infraestructuras judiciales que tiene en cuenta, entre otros factores, la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la accesibilidad universal. La consejera ha destacado en este sentido que “uno de nuestros objetivos es la adecuación de las instalaciones de todos los juzgados de violencia de género para lograr una separación espacial efectiva entre víctimas y victimarios”. Estas sedes judiciales verán reforzada su dotación de personal y de material de cara a conseguir una protección integral de las víctimas.

El futuro Juzgado de Primera Instancia número 16 de Bilbao, en Barroeta, inaugurará el plan integral de infraestructuras del Departamento de Justicia en 2021. Igualmente, se prevé que durante el primer trimestre de 2021 hayan finalizado los trabajos de acondicionamiento del juzgado número 3 de lo mercantil de Bilbao en Getxo (provisionalmente).

Justicia digital

Avanzar en el proceso de digitalización de la justicia vasca, ya iniciado hace algunos años, es otro de los grandes retos del Departamento en el ámbito de la modernización de la administración de Justicia, según Artolazabal.

El Plan de Justicia Digital, actualmente en fase de redacción, será el marco que englobará toda una serie de iniciativas encaminadas a desarrollar el sistema informático de gestión procesal; entre ellas, la digitalización integral de juzgados y tribunales, el expediente judicial electrónico, el desarrollo de trámites digitales a través de la sede judicial, así como actuaciones a través de videoconferencias.

Junto a lo anterior, el área de Justicia está ultimando el despliegue de 650 ordenadores portátiles que facilitarán el teletrabajo al personal de la judicatura, fiscalía, letrados y letradas de la administración de justicia y personal médico del Instituto Vasco de Medicina Legal.

Asistencia jurídica gratuita

Con el propósito de universalizar el acceso de la ciudadanía al servicio público de la justicia, el Departamento dedicará 15 millones de euros al mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita. “Garantizar su gratuidad es fundamental, especialmente para las personas sin recursos, por lo que ampliaremos esta partida siempre que exista demanda social”, ha recalcado la consejera Artolazabal.

La consejera ha resaltado “las apuestas que realizamos en nuestro departamento por la asistencia jurídica gratuita, por la justicia juvenil, los puntos de encuentro familiar, la asistencia a las víctimas o el servicio de gestión de penas”.

(*) Justicia juvenil: no se incluyen gastos de personal, ni gastos vinculados al programa de administración de justicia, que incluyen ciertos suministros, mantenimientos, seguridad privada, etc. Del centro de Ibaiondo u otros centros de menores). El gasto anual en justicia juvenil se eleva a más de 15 y medio  millones de euros anuales.

El servicio de asistencia jurídica gratuita, al igual que el Servicio de Atención a la Victima, los Puntos de Encuentro Familiar o el servicio Zurekin de acompañamiento a la víctima, son ejemplos de humanización y acercamiento de la justicia a las personas. En este sentido, el área de Justicia destinará, otros dos millones del presupuesto, un 20% más que el año que está a punto de finalizar, a sufragar el trabajo que realizan en los juzgados los abogados y abogadas de guardia del servicio de asistencia jurídica inmediata para las víctimas de los delitos sobre la mujer.

El Servicio de Atención a la Víctima (SAV) englobado en el ámbito de la justicia restaurativa, es un servicio especializado, voluntario y gratuito, que favorece la recuperación de las víctimas de violencia de género mediante la atención individualizada. En 2019, este servicio del Gobierno vasco atendió a 2.694 personas (424 en Araba, 1664 en Bizkaia y 609 en Gipuzkoa), y realizó 9.984 actuaciones sobre violencia de género, intradoméstica y delitos contra la libertad sexual.