• La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha firmado vía telemática con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia un documento conjunto con su postura común
• Defienden que el Plan Estratégico estatal de la PAC reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible de sus agriculturas, y muestran su preocupación por la orientación “mediterránea” del Ministerio en esta materia
Euskadi y el resto de las comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y Galicia) coinciden en reclamar al Gobierno de España que tenga en cuenta sus peculiaridades en el diseño y la aplicación de la futura PAC 2023-2027. La consejera Arantxa Tapia, y los consejeros de Medio Rural de estos territorios, suscribieron esta mañana por vía telemática un documento conjunto con su postura común al respeto. Así, además de por la representante vasca, el texto fue firmado por Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias; Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, y José Gonzalez, consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia.
Los territorios que conforman la Cornisa Cantábrica tienen en común unas características peculiares, como sus explotaciones, que en la mayoría de los casos son de un tamaño pequeño o mediano y carácter profesional, pero eminentemente familiar. Además, su orientación productiva tiene mucho que ver con sectores ganaderos, algo diferente de otras zonas del Estado. Por eso, las cuatro comunidades defienden que el Plan Estratégico nacional de la PAC se apoye y reconozca ese modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte.
En este contexto, las autonomías cantábricas exigen a Madrid -desde una posición “constructiva y leal”- que tenga en cuenta esas peculiaridades y muestran su preocupación por la orientación “mediterránea” que parece estar adoptando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la hora de trasladar al ámbito nacional los postulados de la nueva PAC.
Tapia ha destacado el compromiso y el talante de todas las comunidades para conseguir este acuerdo, que se ve como fundamental de cara a una unidad de acción.
Así, por ejemplo, la consejera indicó que en la ayuda básica a la renta de las personas dedicadas a la agricultura y ganadería es preciso tener en cuenta que las comunidades del Cantábrico tienen un porcentaje de superficie con derechos de pago muy inferior al promedio español. Este desequilibrio debe corregirse, como paso previo a una eventual transición hacia un sistema de pago por superficie. En el texto firmado y enviado a Madrid se considera “inaceptable” que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta claramente beneficiada-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos (como los pastos arbustivos).
Por otra parte, Tapia trasladó que, en el diseño de las ayudas a la renta, es imprescindible que se reflejen, a nivel de todo el Estado, las diferentes realidades existentes, en el plano agronómico y socioeconómico. Así, añadió, deben tenerse en cuenta tanto las diferencias existentes entre las dimensiones económicas de las distintas explotaciones como aquellas que se dan entre las diversas orientaciones productivas de los diferentes territorios.
Con respecto a las ayudas acopladas (asociadas a los diferentes sectores), para estas comunidades es prioritario que se mantengan para los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino con una dotación por lo menos similar al período 2014-2020.
Sobre el capping o límite de ayudas, el documento conjunto insiste en la necesidad de establecerlo en los 60.000 euros por explotación y además muestra su preocupación si estos mecanismos pasan a ser voluntarios para los países y no de obligado cumplimiento.
En relación con la definición de agricultor/a genuino/a, se aboga por establecer un porcentaje mínimo, que se propone del 30%, de los ingresos agrarios sobre los totales, excepto para las personas afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia en el sector agrario. Se advierte, además, como inadecuada la propuesta del MAPA de incluir a aquellas personas que perciben menos de un cierto volumen de ayudas directas, con independencia de ese peso de los ingresos en su renta. Esto, se dice en el texto acordado, “desnaturaliza la propia definición de agricultor/a genuino/a”.
En lo que atañe al pago redistributivo, las cuatro comunidades muestran su desacuerdo con que su aplicación deje de ser obligatoria para hacerse voluntaria y reclaman un presupuesto “ambicioso”, con un mayor pago a las primeras hectáreas, para beneficiar a las pequeñas explotaciones, a aquellas con una dependencia significativa de los ingresos agrarios y siempre dando prioridad a personas dedicadas a la agricultura profesional.
Ecoesquemas
Sobre los ecoesquemas, una nueva línea de ayudas comunitarias que priman la sostenibilidad ambiental, las comunidades cantábricas apoyan que se destine a estas ayudas el 20% del montante disponible para pagos directos. Sin embargo, lamentan que los ecoesquemas propuestos por el MAPA aborden problemáticas y realidades productivas características, principalmente, del centro y sur peninsular, quedando la zona húmeda mucho más desatendida. Por eso, demandan, entre otras cuestiones, la modificación de las propuestas del Ministerio y añadir otros ecoesquemas adicionales, para atender su realidad. A mayores, defienden introducir, de modo transversal, mejoras como la de aplicar un complemento vinculado a la prevención de incendios o la de incorporar una modulación de la ayuda por estratos de tamaño.
Por último, sobre el segundo pilar de la PAC (desarrollo rural), la reclamación de las autonomías cantábricas pasa por un incremento de las asignaciones de los fondos europeos de por lo menos el 5% para ellas, habida cuenta sus necesidades. Además, con respeto al cofinanciamento, demandan que se recupere el equilibrio entre las aportaciones de la Administración Central y de las comunidades autónomas que se rompió en el período 2014-2020 y consideran que el diseño de las intervenciones de este segundo pilar debe ser realizado por cada comunidad autónoma, en función de la realidad y necesidades específicas de su medio rural.
