El Departamento de Trabajo y Empleo comienza el procedimiento para la nueva ley de RGI que remitirá este año al Parlamento

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PRUEBA

El Departamento de Trabajo y Empleo comienza este viernes el procedimiento administrativo para la elaboración de la nueva Ley de RGI, que remitirá al Parlamento, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, en el último cuatrimestre del año, y que pretende reforzar el modelo vasco de protección social a partir del doble derecho a una renta garantizada y a la inclusión.

La apertura de la consulta pública es el primer paso antes de la orden de inicio de tramitación de un texto articulado en el que se tomarán como referencia la proposición presentada la pasada legislatura en la Cámara vasca y las aportaciones recibidas en los debates que se realizaron, además de integrar en el texto la nueva herramienta de protección que es el Ingreso Mínimo Vital.

La iniciativa parte del análisis sobre la eficacia de las medidas establecidas para la garantía de ingresos y la inclusión socio-laboral que, desde su aprobación en 2008 como derecho subjetivo, se ha visto afectada por dos profundas crisis -la de 2008 y la actual crisis generada por el COVID-19- . Esas consecuencias se reflejan en el desempleo de larga duración, la falta de recursos personales de las personas migrantes, la feminización del riesgo de exclusión, la escasez de recursos económicos de algunas personas pensionistas, así como el incremento de las formas más precarias de empleo, provocando un incremento del volumen de personas necesitadas de protección.   

A esos problemas se suman las limitaciones de la propia normativa actual, excesivamente prolija y rígida en ocasiones, y la aparición del Ingreso Mínimo Vital, una prestación de Seguridad Social de nuevo cuño, con objetivos parcialmente coincidentes con los de la Renta de Garantía de Ingresos y cuya íntegra gestión será previsiblemente transferida a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

 La nueva ley buscará profundizar en la universalización de la Renta de Garantía de Ingresos, llegando a determinados segmentos poblacionales actualmente no suficientemente cubiertos e incidiendo especialmente en las familias desfavorecidas con hijos e hijas a su cargo, establecer un sistema específico para las personas beneficiarias pensionistas, e incentivar la actividad económica y la inclusión social y laboral de las personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos que sean empleables.

  

Objetivos de la norma

 Los objetivos de la norma buscan ofrecer soluciones a los problemas identificados, normalizar el sistema como parte del modelo general de bienestar de Euskadi, e implementar innovaciones basadas en la evaluación y el conocimiento que permitan al sistema mantearse en la vanguardia de las políticas sociales en el entorno europeo.

 La modificación de la Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se dirige a la consecución de los siguientes objetivos:

 

  • Actualizar el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión como sistema autónomo, constituido en un todo coherente e integrado de todas las prestaciones gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

 

  • Responder con medidas y soluciones específicas a las necesidades surgidas del contexto socioeconómico y, especialmente, aquellas encaminadas a impulsar y mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral y a la integración social.

 

  • Implantar un sistema más cercano a la ciudadanía, simplificando la normativa.

 

  • Mejorar la cobertura de las prestaciones ofrecidas, tanto desde el punto de vista de las personas destinatarias, como de los mecanismos de fijación de las cuantías, que atiendan especificidades como la protección de las familias con hijos e hijas, la monoparentalidad, la dependencia, etc.

 

  • Atender a las distintas composiciones de los hogares vascos, identificando situaciones excepcionales necesitadas de atención temporal.

 

  • Atender la especificidad de las personas pensionistas.

 

  • Avanzar en la mejora de la gestión de las prestaciones, aumentando la agilidad en la tramitación, el rigor y el control de las prestaciones y ayudas económicas, simplificando la gestión a través de la facilitación telemática de trámites, el fomento de la interoperabilidad, mejoras en la identificación de personas, el mantenimiento de la sostenibilidad económica del sistema (actualización de las cuantías y de las fórmulas de cálculo para cada caso) .

 

  • Delimitar el papel de las distintas prestaciones que conforman el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión. En particular, las Ayudas de Emergencia Social.

 

  • Reforzar la coordinación del Sistema de Vasco de Inclusión con los servicios sociales y de empleo.