- Los servicios jurídicos exploran las posibilidades de una futura ley que determine las garantías jurídicas de las actuaciones del Ejecutivo para hacer frente a la crisis sanitaria
Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco exploran la posibilidad de habilitar una ley antipandemia que afiance, e incluso incremente, las garantías jurídicas de procedencia y efectividad de las medidas que requieren las instituciones vascas para contener y combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Así lo ha anunciado la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, en el Parlamento Vasco en su respuesta a la interpelación planteada por el parlamentario del grupo PP-Ciudadanos Luis Gordillo.
Garamendi ha señalado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están analizando todas las vías para dotar de la máxima certeza y previsibilidad a las decisiones de las autoridades sanitarias. Según ha indicado la Consejera, la pandemia “ha llevado hasta el límite las necesidades de intervención pública, tensionando en extremo los márgenes competenciales de los que disponen las instituciones vascas”.
A su juicio, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar los protocolos de actuación y la regulación normativa en aspectos que antes de la irrupción del coronavirus “ni siquiera fueron previstos por los parlamentos y gobiernos que los aprobaron” en prácticamente todos los países del mundo. “La situación generada por la pandemia es tan cambiante y volátil que nos obliga a revisar continuamente nuestros planteamientos”, ha señalado durante el pleno de control celebrado hoy en el Parlamento Vasco. Esa situación genera “incertidumbres y situaciones problemáticas a la hora de afrontar la gestión de la salud pública”, ha afirmado durante su intervención ante la Cámara vasca.
La finalidad de la norma sería ofrecer una mejor y más clara cobertura jurídica en la gestión de la pandemia. La Consejera ha apuntado que es prioritario para el Gobierno Vasco poder tener a su alcance instrumentos legales con garantías suficientes.
En este sentido ha recordado que la reivindicación de dotar de mayores garantías “ha sido constante por parte del lehendakari Iñigo Urkullu y del Gobierno Vasco a lo largo de la pandemia y en todos y cada uno de los foros en los que el Gobierno Vasco ha estado presente”. Asimismo, ha destacado que es el legislador vasco la autoridad máxima competente para concretar la genérica habilitación que ofreció el Estado de Alarma de cara a la gestión de la crisis sanitaria.
Tras recordar que la iniciativa supondría un refuerzo en el proceso de toma de decisiones, Garamendi ha apuntado que la norma “dotaría de mayores dosis de claridad, eficacia y comprensión”. Asimismo, ha considerado que la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos aconseja “el uso intensivo de todos los instrumentos y herramientas del sistema de autogobierno”, empleando todos los poderes de las instituciones vascas, hasta el límite de sus capacidades. La Consejera ha precisado que, si se habilitara, la norma autonómica no alteraría las competencias entre Euskadi y el Estado y, por tanto, “el Estado de Alarma seguiría siendo nuestro marco insoslayable”.
Por último, ha subrayado que la necesidad de una norma que ampare las decisiones que nos correspondan adoptar para hacer frente a la pandemia no está relacionada con el reciente auto judicial de reapertura de la hostelería. Además, ha apuntado, cualquier medida adoptada por el Gobierno Vasco al amparo de una nueva ley podría ser recurrida ante los tribunales.
