- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno destaca que una ley vasca antipandemia clarificaría ante la sociedad las opciones legales para afrontar la crisis de salud pública por el coronavirus
La consejera de Gobernanza Público y Autogobierno ha mostrado su confianza en que esta legislatura se va a completar el Estatuto de Gernika en lo relativo a las transferencias pendientes. Olatz Garamendi ha señalado que el perfil y la sensibilidad sobre la plurinacionalidad del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, puede facilitar el traspaso de las competencias a Euskadi, entre ellas la de Prisiones, que, según ha declarado la consejera, está “bastante avanzada”
Garamendi ha mostrado su confianza en que con Iceta “se pueda dar la oportunidad de cerrar el Estatuto de Gernika entre todos”. El ministro ha relevado en el Ministerio a Carolina Darias que ha pasado a ocuparse de la cartera de Sanidad y ya ha mantenido varias conversaciones con la consejera vasca para abordar cuestiones relativas a las transferencias pendientes. Tras recordar que, según el calendario acordado por ambas partes, hay un primer bloque de materias a transferir antes de abril de este año, Garamendi ha indicado que el traspaso de la competencia de las tres prisiones de la CAV (Zaballa, Martutene y Basauri) está “bastante avanzado”.
En una entrevista a Onda Vasca, ha destacado la complejidad de la transferencia de Prisiones debido a que conlleva muchas personas internas, funcionarios, edificios e instalaciones, equipamientos… “por lo que hay que hacerlo con mucha seguridad y con mucho cuidado”. En cualquier caso, ha señalado que el traspaso de prisiones lleva una buena marcha y que están ya «con la letra pequeña de todas y cada una de las cuestiones», por lo que esperan «avanzar y cerrarlo cuanto antes».
En referencia a las críticas de partidos de la derecha en el sentido de que la gestión penitenciaria de Euskadi va a servir para “sacar a los presos a la calle, Garamendi ha afirmado que esas manifestaciones «no son para nada afortunadas y para nada se ajustan a la verdad». Así, ha precisado que la legislación penitenciaria «corresponde al Gobierno español, y va a seguir correspondiendo al Gobierno español». No obstante, la consejera ha precisado que cuestión distinta es «que el traspaso de la materia de prisiones, lo que conlleva es que el Gobierno vasco, a través del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige la consejera Beatriz Artolazabal, asume la organización y el funcionamiento de los centros penitenciarios, lo que posibilitará abordar cuestiones como la formación ocupacional y otras relacionadas con la reinserción y resocialización de presos», ha añadido.
La consejera ha subrayado que también se han producido avances importantes en otras transferencias como transporte por carretera y código bibliográfico ISSN y, aunque algo menos adelantadas, también en el resto de las competencias incluidas en el primer bloque de transferencias, en referencia a la ordenación y gestión del litoral, seguros agrarios, servicios privados de seguridad o paradores de turismo, entre otros.
En cuanto al retraso en la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que según el calendario debía haberse materializado a finales del año pasado, Garamendi ha reconocido que “está llevando su tiempo”, pero ha añadido que ha voluntad política por ambas partes y que ello permitirá superar los problemas técnicos que lo están retrasando, sobre todo de índole económico y de seguridad jurídica. «Tiene muchos tecnicismos, las cuestiones jurídicas, técnicas y económicas están llevando a una negociación difícil, pero independientemente de la regulación, entendemos que la posibilidad de seguir negociando y dialogando sobre el traspaso está ahí e intentamos seguir avanzando en ello», ha afirmado.
Sobre el traspaso de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social, ha dicho ser «optimista» porque, aunque puede ser un traspaso que tenga «cierta dificultad, no deja de ser uno más de las competencias previstos en el Estatuto de Autonomía». A su entender, es «incuestionable, el Estatuto está ahí y después de 41 años lo tenemos que cumplir, también el Régimen Económico de la Seguridad Social, que no tenemos que confundirlo con la caja única». «Podrá tener sus dificultades técnicas, pero tenemos que trabajarlo y traerlo a Euskadi», ha insistido.
Sobre la ponencia de Autogobierno, Garamendi espera que el Parlamento Vasco retome esta ponencia porque «la actualización del Estatuto de Gernika es un tema importante para nuestra Comunidad, el Estatuto ya tiene sus años, la sociedad ha evolucionado, y es un paso que se tiene que abordar». Tras asegurar que el Gobierno Vasco «no va a inmiscuirse» en ese trabajo, ha dicho que «sí ayudará en lo que sea requerido» por el Parlamento.
Ley vasca antipandemia. Pregunta sobre la necesidad de una ley vasca antipandemia, Garamendi ha indicado que «no atentaría ni conculcaría otras normas de rango superior», como el Estado de Alarma, y ha añadido que esa norma tampoco se concebiría como «algo para hacer frente a diversas resoluciones judiciales». Tras rechazar que esta propuesta sea una respuesta a las últimos «reveses» judiciales, Garamendi ha explicado que la nueva norma quiere responder a otra necesidad. “Pensábamos que la pandemia era una situación excepcional y que, en una serie de meses, a través de los diferentes decretos, se podían tener los «instrumentos necesarios para hacerle frente. Sin embargo, ha pasado un año y sigue aquí”, ha apuntado. Ante esta realidad, ha explicado que se está estudiando la viabilidad de una ley que “dote de mayor seguridad jurídica a las herramientas que disponemos para hacer frente a la pandemia”. Según ha adelantado, la ley vasca antipandemia “no atentaría ni conculcaría otras normas de rango superior, como las leyes orgánicas establecidas o el estado de alarma”.
Garamendi ha subrayado la necesidad de una ley que clarifique las cosas de cara a la sociedad. «Lo que se pretende es tener los instrumentos necesarios para que la sociedad en cada momento sepa con certeza a qué nos tenemos que atener», ha remarcado, para insistir en que están en la fase de analizar la «viabilidad y la oportunidad de un desarrollo de rango legal».
