- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno considera indispensable la reorganización de las plantillas previstas en el proyecto de ley de Cuerpos y Escalas
- Destaca que el ministro Iceta le ha trasladado su compromiso para buscar soluciones conjuntas e incluso una reforma legal para poner fin a la temporalidad en la administración pública
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha reiterado su compromiso en buscar una salida a la alta tasa de interinidad en la Administración pública vasca, lo que a su juicio pasa por la normalización de la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo (OPE). En este sentido, ha dejado claro que el proyecto de ley de Cuerpos y Escalas seguirá su recorrido parlamentario, pese a que el texto incluye una disposición muy similar a otra recogida en la Ley vasca de Policía, que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.
Este texto recoge una disposición adicional en la que se establece que la Administraciones públicas de Euskadi podrán habilitar turnos especiales de acceso en las Ofertas Públicas de Empleo para los interinos que acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en puestos correspondientes a las plazas convocadas. De esa forma, estos trabajadores podrían evitarse la parte teórica de las pruebas y solo deberían hacer a un examen práctico. Este procedimiento especial estaría limitado a ámbitos de la Administración con más de un 40% de interinos en la plantilla.
Garamendi ha defendido este proyecto de ley porque, incluso sin esa disposición adicional segunda, “regula, ordena, estructura y organiza la Administración General de Euskadi en lo que a su personal se refiere”. En este sentido, ha precisado que esta ordenación es “indispensable para acometer las próximas Ofertas Públicas de Empleo, que son, en definitiva, la apuesta de esta administración para reducir la interinidad”.
Garamendi ha respondido así a la interpelación sobre la “alta temporalidad” en el empleo público de Euskadi planteada por el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández en el pleno de control al Gobierno Vasco celebrado hoy en el Parlamento Vasco. La consejera ha enfatizado que para acometer la convocatoria de OPEs previamente es necesaria la “reorganización de las plantillas” contemplada en el proyecto de ley de Cuerpos y Escalas y que se dote de “seguridad jurídica” a todos los procesos de selección.
Tras reconocer que es «consciente de las altas tasas de interinidad existentes» en la Administración, y aunque ha aclarado que el Gobierno no pretende «eludir su parte de responsabilidad», la consejera ha destacado que a esta situación «se ha llegado como consecuencia de factores exógenos que han condicionado la realización de OPEs». Entre estos factores ha destacado las tasas de reposición de efectivos, recogidas en sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, y ha indicado que las tasas adicionales o tasas de estabilización introducidas posteriormente han sido «insuficientes».
En este sentido, Garamendi ha recordado que desde el año 2007 la normativa estatal en materia de procesos de consolidación ha permanecido «invariable». Por eso, cree que transcurridos 14 años desde la adopción de esta medida, «es urgente proceder a una actualización de la citada normativa y adaptarla a las necesidades de las administraciones públicas tras un largo periodo de restricciones para conseguir la consolidación de un empleo público de calidad».
Asimismo, ha explicado que el pasado miércoles planteó al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, «la urgencia y necesidad de buscar soluciones conjuntas» que ayuden a reducir la interinidad y a reconocer la experiencia del personal interino con una larga trayectoria al servicio de la Administración. «El ministro ha recogido el guante y ha manifestado públicamente tanto la intención de abordar este problema como una posible reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)», ha indicado.
La consejera también ha desvelado que mantiene contactos con los sindicatos para abordar cuestiones relativas con la interinidad y la consolidación de los empleados públicos.
