- La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno aboga por una ley que garantice una gobernanza más cercana, colaborativa y participativa
- El proyecto de ley presentado por la consejera a los grupos parlamentarios regula medidas para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco
Una gobernanza más cercana, participativa, innovadora, eficaz y orientada hacia la racionalización del sector público vasco. Es el objetivo principal del proyecto de ley del Sector Público Vasco que la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha explicado hoy a los grupos políticos durante una comparecencia parlamentaria. Olatz Garamendi ha compartido con los grupos parlamentarios los datos y las reflexiones que inspiran esta norma con la que se quiere dotar a Euskadi de una ley de cabecera que organice el quehacer de la Administración vasca en su conjunto.
El proyecto de ley incluye la creación de una Comisión Interinstitucional para la racionalización y el dimensionamiento del sector público vasco que formulará propuestas para evitar posibles ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre administraciones.
El texto normativo también prevé la creación de un registro en el que se inscribirán las entidades pertenecientes al sector público. Este registro tendrá carácter público y naturaleza informativa y también registrará la extinción de las entidades.
La nueva norma regulará asimismo el establecimiento de espacios estables de participación ciudadana y asociativa en los departamentos de la Administración. Se pretende con ello articular la presencia ciudadana en la deliberación o propuesta sobre una política pública. Estos espacios de participación garantizarán la diversidad social y una deliberación de calidad y se sustentarán en la transparencia y el buen gobierno, respetando siempre la pluralidad ideológica, social, económica y cultural.
En su artículo 70, el texto reconoce a todos los ciudadanos y las ciudadanas el derecho a relacionarse con las entidades del sector público utilizando medios electrónicos para el ejercicio de sus derechos, obtener informaciones, realizar consultas, formular solicitudes, efectuar pagos y transacciones, y realizar actos administrativos.
El proyecto de ley del Sector Público Vasco se presenta como una referencia jurídica que dé respuesta a la dispersión normativa actual ante una organización caracterizada por una compleja diversidad de entidades. Asimismo, ordena y simplifica las estructuras administrativas, endurece las fórmulas de creación de nuevas figuras de gestión y define una relación de principios de aplicación a todos los niveles institucionales.
La consejera Garamendi ha explicado que los cambios sociales, legislativos, organizativos y tecnológicos experimentados en las últimas décadas, especialmente por la implantación de la Administración electrónica, hacen inaplazable una actualización normativa que adecúe los usos de organización y funcionamiento que rigen la gobernanza.
El proyecto de ley establece el perímetro del Sector Público Vasco, entendido este como el integrado por los sectores públicos de todas las Administraciones vascas, incluidas la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Administraciones forales de los Territorios Históricos y las Administraciones locales. Así, la ley extiende su aplicación a todas las Administraciones públicas vascas, aunque, como ha precisado Garamendi, “con un límite legal que ha de respetarse para que la norma no se involucre tanto en la organización foral o municipal que anule la autonomía política de otras instituciones”.
En cuanto al uso de las lenguas, el texto apuesta por una mayor presencia de la cooficialidad lingüística como signo distintivo de nuestra administración y como principio que está presente en su organización y funcionamiento.
El proyecto de ley incluye 80 artículos, agrupados en cinco títulos, además de una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El texto define los principios de interacción con la ciudadanía, siendo el principio rector el del servicio a la ciudadanía, sus derechos y deberes en su relación con la Administración pública vasca.
