El Gobierno Vasco aprueba un nuevo Plan de Justicia Juvenil que potencia la prevención, la colaboración y la calidad de las intervenciones dirigidas a las personas menores de edad (Consejo de Gobierno 16-3-2021)

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Justicia Juvenil para el periodo 2020-2024, el quinto desde que la CAV asumió la competencia exclusiva sobre esta materia en 1996. Tras la reunión, Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha detallado las características de este proyecto que potencia la prevención, la colaboración interdepartamental y la calidad de las intervenciones judiciales dirigidas a las personas infractoras que tienen entre 14 y 18 años.

La aprobación del nuevo plan de Justicia coincide con el centenario de la creación en Bilbao del primer tribunal tutelar de menores, un acontecimiento que, en opinión de la sailburu “supuso un avance considerable en este campo, al sustraer el enjuiciamiento de las personas menores de edad de la jurisdicción ordinaria y dar un sentido educativo al castigo juvenil”.

“El modelo tutelar y paternalista que no diferenciaba entre acusación y decisión ha dado paso con los años a otro que reconoce las garantías del derecho penal de adultos para las personas menores”, ha señalado Artolazabal. “Esa nueva visión que contempla los principios acusatorios, de oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad e interés superior de las personas menores, es la que inspira al V Plan de Justicia Juvenil”, ha añadido la sailburu.

El plan 2020-2024 contiene más de 60 medidas que inciden en la prevención desde distintos ámbitos institucionales que trabajan con y para la infancia y la adolescencia. “Muchas de estas iniciativas ya se recogían en el anterior plan, y están dando buenos resultados, por lo que esa línea de trabajo se seguirá manteniendo durante los próximos años”, ha afirmado la consejera Artolazabal.

Estas iniciativas involucran a seis departamentos del Gobierno Vasco con incidencia sobre la población infantil, adolescente y juvenil: Educación, Seguridad, Salud, Empleo, Vivienda y el propio departamento de Justicia, que actuará como propulsor y dinamizador del proyecto.

En su intervención, Artolazabal ha justificado la coparticipación departamental, ya que “muchas de las iniciativas, compromisos y planes del Gobierno Vasco tienen una incidencia directa en el éxito de la justicia juvenil en nuestra comunidad autónoma”. Los programas de fomento del empleo y la formación profesional gestionados por Lanbide, los planes de inclusión y servicios sociales y de promoción de la salud, o los planes contra la violencia sobre la mujer del propio departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, son una muestra de ese tipo de actuaciones.

Igualmente, la consejera ha defendido el actual modelo de gestión de los servicios de menores, en el que se contemplan diversas modalidades de titularidad y de gestión público-privada. En concreto, cuatro entidades vascas sin ánimo lucro (Asociación educativa Berriztu, Gaztaroan Ekin, Irse de Araba e Irse Euskadi) se encargan de gestionar los centros educativos y los de medio abierto.

Junto a ellas, más de un centenar de entidades sin ánimo de lucro, como Gaztedi, Cáritas, Emaus o el Banco de Alimentos, así como numerosos ayuntamientos, colaboran en la ejecución de medidas relacionadas con los tratamientos ambulatorios, las prestaciones en beneficio de la comunidad y los procesos de reparación del daño, entre otras.

Artolazabal ha puesto en valor el papel todas ellas, al tiempo que ha remarcado la necesidad de potenciar todas las medidas dirigidas a las personas menores y jóvenes “como vehículo básico para su integración”.

Fomentar la prevención

Aunque buena parte del peso específico del V Plan recae sobre el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, las medidas que afectan al resto de departamentos también son de gran calado, especialmente en lo referente al fomento de la prevención.

En Educación, por ejemplo, el componente preventivo subyace en la mayor parte de las medidas que persiguen reducir el abandono escolar prematuro y garantizar la escolarización efectiva de las personas menores de edad en riesgo de exclusión, así como la atención educativa a los chicos y las chicas que cumplen una medida judicial. Desde ese mismo ámbito se impulsarán, igualmente, la cultura y los valores de la convivencia, así como la resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, los objetivos que afectan al departamento de Salud se dirigen a garantizar el acceso y la atención sanitaria a todas las personas menores de edad que cumplen una medida judicial, así como a intervenir preventivamente en el ámbito de la salud mental, consumos problemáticos y relaciones sexuales de riesgo.

Asimismo, las medidas que implican a Empleo y Trabajo buscan garantizar el acceso a los diferentes programas de Lanbide de los chicos y chicas que cumplen o hayan cumplido una medida judicial. Y las que le corresponden al departamento de Seguridad, a trabajar en la prevención específica de las infracciones en las que pueden verse inmersas las personas menores de edad.

Los objetivos en Vivienda se encaminan a dotar de medios residenciales y locales al departamento de Justicia para la ejecución de las medidas, particularmente en Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

“Por último, al departamento de Justicia le corresponderá liderar gran parte de las 60 medidas incorporadas al Plan, con el objeto de reducir el tiempo de respuesta entre la comisión de la infracción y el inicio de la ejecución de la respuesta penal. Además, perfeccionaremos los sistemas informáticos para mejorar la intervención con las fiscalías, equipos psicosociales, jueces y entidades públicas”, ha recalcado Artolazabal.

Mayor presupuesto

El Departamento de Justicia dedicará 100,5 millones de euros a desarrollar las medidas del V Plan de Justicia Juvenil, incrementando en 20 millones el presupuesto de plan anterior. Según ha explicado la sailburu, “este incremento viene dado, fundamentalmente, por la puesta en marcha del nuevo centro de menores de Arratia, la ampliación del centro Txema Finez y el aumento de la plantilla de profesionales que atienden los centros de medio abierto de Bilbao y Vitoria-Gasteiz”.

De ese total, 77,7 millones se destinarán a cubrir los gastos de la red de centros del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco; en tanto que otros 7,5 millones servirán para cubrir los gastos en seguridad. Asimismo, los gastos derivados del trabajo de los 33 profesionales que integran los equipos psicosociales de los centros se sufragarán con una partida de 10,6 millones. Y, además, se invertirán 11,7 millones en la cobertura de los programas de los cinco servicios de medio abierto existentes en la CAV.

En opinión de la titular de Justicia, el presupuesto para los próximos años “permitirá ejecutar todas las resoluciones judiciales de los juzgados de menores que sean competencia de la administración general de la CAV”. Asimismo, facilitará el acceso a los programas de conciliación y reparación, así como a la formación especializada, a los agentes involucrados en la Justicia Juvenil.

Nuevas tendencias

La evaluación de los planes de Justicia precedentes que ha realizado el Instituto Vasco de Criminología de la UPV, además de servir de base para la redacción del V Plan de Justicia, ha puesto de manifiesto la paulatina disminución de la delincuencia juvenil y de la tasa de reincidencia global, que en la actualidad se sitúa por debajo del 20%. En opinión de Artolazabal, esta circunstancia “confirma que la labor educativa está siendo eficaz, ya que hemos constatado significativos cambios en la conducta de los y las menores”. 

Otros datos relevantes extraídos de la evaluación son, la consolidación del modelo de intervención en medio abierto y la cada vez mayor utilización de los procesos de conciliación y reparación frente a las medidas firmes -3 de cada 10 tienen este componente-. 

TIPOLOGÍA DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES 

Existe en Euskadi una serie de recursos específicos para el cumplimiento de las medidas judiciales que, de una manera esquemática, se dividen en dos categorías: 

1.- Red de centros educativos de Justicia Juvenil

La red de centros educativos de Justicia Juvenil acoge a las personas infractoras menores de edad que deben cumplir una medida firme o cautelar de internamiento (en sus distintos regímenes), permanencias de fin de semana y, excepcionalmente, convivencias en grupo educativo. 

Estos centros se clasifican en tres niveles: 

Nivel I.- Son centros de responsabilidad y gestión pública, en los que se cumplen las medidas más restrictivas de derechos y de más larga duración. 

Nivel II.- Son centros de responsabilidad pública y gestión convenida con una entidad sin ánimo de lucro, de pequeño tamaño, en los que se cumplen medidas en régimen semiabierto y abierto, o en cerrado de corta duración. 

Nivel III.- También llamadas “residencias de autonomía”, son de muy pequeño tamaño (máximo 6 plazas) y están totalmente integradas en la comunidad para el cumplimiento de las últimas fases de internamientos en régimen abierto o semiabierto.

 Plazas disponibles en 2020:

2.- Servicios de medio abierto 

Existen dos modalidades: 

1. Centros de día: cumplimiento de medidas de asistencia a centro de día entre las 10:00 y las 17:00 horas para la realización de actividades de tipo formativo y educativo.

La red de Centros de Día de la CAPV, en 2020 contó con 48 plazas.

1. Equipos de medio abierto: cumplimiento de libertades vigiladas, realización de tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamientos ambulatorios y permanencias de fin de semana en domicilio. La gestión de estos servicios está conveniada con asociaciones sin ánimo de lucro. 

Los servicios de medio abierto, están compuestos en su totalidad por educadores y educadoras y responsables de servicio. Estas personas son quienes se responsabilizan de manera directa de la ejecución de las medidas de medio abierto mediante la relación educativa personal con cada chico y chica y su entorno. 

En 2019, las medidas en medio abierto han sido 2.982, el 75% del total de medidas firmes. Destacan dentro de este grupo: la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socio-educativas. Cada una de las 29 personas que componen la plantilla de los medios abiertos de la CAV ha atendido o atiende hasta 15 menores.