El Gobierno Vasco entrega un informe sobre el estado actualizado del ‘Caso Naparra’ elaborado por la Cátedra de DDHH de la UPV/EHU a su familia

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  • El documento se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ejecutivo Vasco y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU
  • La presentación de este informe busca otorgar reconocimiento institucional a la familia de José Miguel Etxeberria Álvarez ‘Naparra’, por el daño injusto sufrido

 Vitoria-Gasteiz, 24/03/2021

El Gobierno Vasco ha entregado hoy un informe sobre la situación jurídica actual del caso de José Miguel Etxeberria Álvarez Naparra, desaparecido en Iparralde en 1980, a su familia. Este documento, elaborado por la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, recoge una descripción de los hechos, un análisis jurídico del caso y su cabida en el derecho internacional. En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que se conmemora cada 24 de marzo por la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, la presentación de este informe busca otorgar reconocimiento institucional a la familia de Naparra, por el daño injusto sufrido.

El informe sobre el caso Naparra ha sido presentado esta mañana en la sede del Gobierno Vasco de Donostia. En la presentación han estado presentes: la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, Monika Hernando; Bertha Gaztelumendi, una de las redactoras del trabajo; Jon Mirena Landa, director del informe y responsable de la cátedra de la Universidad del País Vasco; y Eneko Etxeberria Álvarez, hermano de la víctima. El informe se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ejecutivo Vasco y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU.

Caso ‘Naparra’

José Miguel Etxeberria Álvarez Naparra desapareció el 11 de junio de 1980, sin que se tuviese constancia de las circunstancias que rodearon su desaparición. Etxeberria salió de su domicilio para supuestamente acudir a una cita en Ziburu-Ciburu. En ese momento tenía 22 años de edad y era miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, CCAA. Esta desaparición sucedió cuatro años después de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur, (23 de julio de 1976 en Behobia, Hendaya).

Durante los meses posteriores a su desaparición, el Batallón Vasco Español (BVE), organización parapolicial de extrema derecha, realizó hasta cinco anuncios en los que se responsabilizaba de la autoría del crimen e indicó varias y engañosas localizaciones del enterramiento del cuerpo.

La investigación policial fue muy deficiente tanto en Francia como en España. En ambos casos fueron renuentes a investigar la hipótesis más probable y factible que apunta la autoría al BVE, frente a la hipótesis, mucho más débil, del ajuste de cuentas por parte de los CCAA, que se demostró inconsistente desde un inicio y a la que le otorgaron mayor atención, en las pesquisas realizadas en Francia entre 1980 y 1982. A partir del año 1999, tras la querella interpuesta por la familia se abre el procedimiento judicial en la Audiencia Nacional que actúa con pasividad y no acepta la práctica de las diligencias propuestas por la acusación particular, contraviniendo lo que dicta el derecho internacional sobre lo que debe ser una investigación efectiva.

En abril de 2017, tras conocerse nuevas informaciones que sitúan a Naparra enterrado en las proximidades de Mont de Marsan se lleva a cabo una exploración, en una de las dos zonas señaladas con probabilidad de hallarse los restos de Etxeberria, que resultó ser infructuosa. Posteriormente, en 2018 las autoridades judiciales españolas requieren a las francesas que realicen nuevas excavaciones de búsqueda del cuerpo, en la segunda área indicada. Sin embargo, a día de hoy, sigue pendiente esta actuación de la Justicia francesa.

José Miguel Etxeberria Álvarez no ha sido reconocido por el Estado como víctima del terrorismo a pesar de que la familia lo ha solicitado en dos ocasiones.

El caso ha sido considerado en el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde 2014. Durante el 119º periodo de sesiones celebrado en Ginebra (2019) no se consideró suficiente la información proporcionada por el Gobierno de España para determinar “la suerte o paradero del Sr. Etxeberria Álvarez”, por lo que su caso se volvió a tratar por este Grupo de Trabajo en la 120º periodo de sesiones, celebrado en febrero de 2020, y seguirá siendo examinado, en futuras reuniones.

“Los hechos no pertenecen al pasado ni la desaparición puede dejar de considerarse actual. El delito sigue cometiéndose mientras no se conozca el paradero de Naparra y sigue generando sufrimiento a sus familiares”, ha señalado Monika Hernando.

El informe pretende poner de manifiesto, por un lado, “la injusticia” del caso, y por otro, llamar la atención de personas que tuvieran algún dato para que pudieran, siquiera de manera anónima, hacer llegar dicha información con el fin de aliviar en parte el sufrimiento de la familia. El objetivo final sería saber la verdad de lo que pasó y/o conocer dónde se encuentra el cuerpo de Etxeberria Álvarez.

Convenio de colaboración

En julio de 2016, el Gobierno Vasco, a través de su entonces Secretaría General para la Paz y la Convivencia, y la Universidad del País Vasco suscribieron un convenio para la creación, desarrollo y sostenimiento de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU. El de Naparra es el tercer informe monográfico elaborado.