El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y presidente de Euskal Trenbide Sarea- ETS, Iñaki Arriola, se ha reunido este lunes en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz con la alcaldesa de Durango, Ima Garrastatxu, para abordar los usos del espacio liberado por el soterramiento del tren a su paso por la localidad. Al término del encuentro, el consejero Arriola ha recordado que el Ejecutivo vasco apuesta por buscar el “máximo consenso posible cumpliendo los compromisos adquiridos” dentro de los términos acordados en el seno de la Operación Durango, con la que se estableció que el municipio afrontaría una parte de la financiación de la misma a través de las plusvalías generadas en los terrenos liberados tras la retirada de la trinchera ferroviaria.
En este sentido, Iñaki Arriola ha solicitado a la alcaldesa concreción y avances por parte del municipio para cumplir con los compromisos adquiridos, una vez escuchada la ciudadanía a través de una consulta popular en el pasado mes de marzo. Y se ha mostrado abierto a participar en los foros de trabajo conjuntos que sean necesarios siempre que estos tengan en cuenta dichos compromisos.
El ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS), dependiente del departamento, invirtió un total de 274,3 millones de euros en la operación Durango, con actuaciones de urbanización y mejoras adicionales no previstas en el presupuesto inicial de 250 millones de euros. Esta operación incluyó el desdoblamiento de la vía entre Amorebieta y Lebario (14,3km), el soterramiento del trazado entre Iurreta, Durango y Abadiño (2,6 km), la construcción de nuevas estaciones en Durango, Euba y Traña, así como talleres y cocheras en Lebario. ETS suprimió asimismo 27 pasos a nivel –cuatro de ellos en Durango-, construyó un párking subterráneo y desmanteló las infraestructuras ferroviarias. Todo ello supuso la liberación de más de 60.000 metros cuadrados de superficie edificable en Durango.
Esta operación “de gran envergadura”, ha indicado el consejero, se realizó en base a un acuerdo con el Ayuntamiento de Durango, por el que una parte del proyecto de soterramiento se financiaría a través de los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos liberados. Esos aprovechamientos vienen determinados en el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) aprobado en 2006, que incluye usos edificatorios –un total de 554 viviendas- y comerciales en los espacios liberados.
El consejero ha recordado que el Gobierno Vasco “no puede renunciar a las plusvalías de los espacios liberados”, porque con ellas se debe financiar una parte del esfuerzo que se ha realizado con el dinero de los contribuyentes vascos”. También ha señalado que la operación Durango no fue una operación ferroviaria como tal, sino una actuación fundamentalmente urbanística que ha mejorado la calidad de vida de la población de la localidad. Y que el Gobierno Vasco aborda este tipo de operaciones urbanísticas en Euskadi de forma conjunta y coordinada con las administraciones locales, también en lo referente a su financiación.
