El borrador recoge el derecho de la ciudadanía a disponer de un servicio de transporte público con independencia de su lugar de residencia
Incorpora la obligatoriedad de que todos los títulos de transportes sean interoperables en dos años desde la aprobación de la ley
El anteproyecto crea la Agencia de Seguridad Ferroviaria de Euskadi para velar por la seguridad en la circulación de trenes
El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha anunciado hoy el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, con la firma de la Orden de aprobación previa. El borrador establece el marco para impulsar la movilidad sostenible en Euskadi, basada en la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la interoperabilidad de los títulos de transporte público en un sistema integrado intermodal, el impulso del enfoque de movilidad sostenible desde el urbanismo en los municipios y la promoción del transporte ferroviario.
El articulado se basa en el proyecto de ley impulsado por el Gobierno Vasco que decayó con el final de la legislatura pasada, e incorpora novedades que incluyen derechos y obligaciones de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en la elaboración de las estrategias de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. Todo ello para avanzar hacia la reducción de la huella de carbono y hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público.
Según los últimos datos de emisiones de gases invernadero, en 2018 se emitieron 19 millones de toneladas en Euskadi, una cifra un 3,7% inferior al año anterior pero en la que el 34% correspondió al transporte. El consumo de energía en la comunidad autónoma fue en 2019 de 4.989 miles de toneladas, de las que el 43,4% estuvo destinado a este mismo sector –el 95% corresponde al transporte de carreteras-, lo que supone un incremento del peso del transporte en el consumo final de energía del 21,4% en una década. En paralelo, la tendencia sigue al alza: en 2019 Euskadi registró 458,6 turismos por cada 1.000 habitantes, con un incremento del parque de vehículos del 1,1%, en el que el 85,9% son turismos, camiones y furgonetas.
El nuevo anteproyecto aborda también la fiscalidad del transporte, abriendo a las Diputaciones forales la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible. El articulado recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones y, al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.
El impulso del transporte público es uno de los ejes para la movilidad sostenible y, en este sentido, el anteproyecto mantiene la apuesta por facilitar un sistema tarifario único e integrado en Euskadi. Entre las novedades, se apuesta por la interoperabilidad de los títulos existentes en un plazo de dos años para “ser plenamente interoperables en todos los modos de transporte” de Euskadi.
Municipios propicios para la movilidad activa
El nuevo documento incorpora el concepto de movilidad activa, el impulso de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Así, recoge que las administraciones municipales deberán promover la movilidad activa a través de su planificación urbanística, que tendrá que reforzar la pacificación del tráfico y dar atención preferente al uso peatonal de calles, plazas y avenidas. Esto supone en la práctica integrar criterios de movilidad peatonal y ciclista y de seguridad vial en el diseño de calles y espacios públicos.
Para favorecer la movilidad activa, se incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incorporen espacios “seguros y resguardados” para este medio de transporte sostenible. El nuevo texto incorpora además el fomento por parte de las administraciones competentes de aparcamientos disuasorios en la periferia urbana conectados con el transporte público.
El borrador de anteproyecto de ley enumera por primera vez los derechos y obligaciones de la ciudadanía, entre los que destaca el derecho a contar con un servicio de transporte público con independencia de su punto de residencia. Entre las obligaciones se encuentran respetar normas y las pautas de comportamiento y de uso. El papel de la ciudadanía es central en la creación de las estrategias y los instrumentos de movilidad sostenible recogidos en esta ley, ya que el nuevo texto incorpora un capítulo de información y participación pública, que garantiza sus contribuciones a planes, su acceso a información y también la opción de que “todas las personas puedan exigir a los órganos administrativos el cumplimiento de esta ley y del contenido de los planes de movilidad sostenible previstos”.
El borrador plantea la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y a nivel de territorios históricos, ambos con una vigencia de 10 años y seguimientos cada cinco con evaluación de indicadores cada dos años. Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán crear planes de este tipo –la nueva redacción incorpora que las Diputaciones colaborarán con los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de realizarlos y los de más de 20.000 también podrán contar con ese apoyo opcionalmente-. Entre los planes, se incorporan también los de movilidad en los centros de trabajo.
Agencia de Seguridad Ferroviaria de Euskadi
El anteproyecto de ley incorpora una nueva disposición adicional primera en la que se recoge la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria de Euskadi-Euskadiko Trenbide Segurtasuneko Agentzia, un ente público de derecho privado creado bajo los estándares europeos y la normativa vigente en el ámbito internacional para velar por los criterios de seguridad en el tráfico de mercancías y personas por medios ferroviarios.
Sus funciones serán velar por el mantenimiento de la seguridad en la circulación mediante la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores en esta materia, y la definición de los objetivos de seguridad.
A partir de ahora, el borrador se someterá a las consultas, audiencias e informes preceptivos así como a un proceso participativo antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y ser remitido al Parlamento Vasco para su debate y votación. El proceso de información y participación pública comenzará la semana que viene.
