El Gobierno Vasco ha manifestado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley relativa al impuesto medioambiental de grandes establecimientos comerciales porque sería contradictorio con un modelo tributario vasco basado en el acuerdo y la colaboración insterinstitucional y, además, generaría disfunciones en la política de protección al comercio, sector ahora mismo muy afectado por la pandemia.
En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno ha analizado hoy en Vitoria-Gasteiz la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario EH Bildu y considera desaconsejable la implantación de un impuesto medioambiental que grave la capacidad económica de las grandes superficies y centros comerciales, ya que perjudicaría la recuperación del sector.
La irrupción de la covid-19 y el fuerte impacto negativo ha llevado al sector comercial a una complicada situación desde el punto de vista económico y del empleo. El cambio de hábitos del consumidor y el impacto de la venta online de grandes multinacionales a nivel global -que no requiere un establecimiento permanente físico y, por lo tanto, no soporta los mismos costes que un comercio físico- han acentuado esta situación.
La pandemia ha acelerado la situación estructural que ya se estaba padeciendo tanto en este tipo de establecimientos como en el comercio local. El año 2020 en Euskadi ha continuado el descenso del número de establecimientos comerciales, con una pérdida de más de 1.500 respecto del año anterior.
Tras reconocer que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene capacidad para regular sus propios impuestos también en esta materia a través del Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco considera que la proposición de ley de EH Bildu presenta inexactitudes conceptuales en el articulado, ya que tanto la exposición de motivos como el propio articulado contienen un planteamiento incorrecto del sistema tributario vasco. El Ejecutivo vasco entiende que la política fiscal debe garantizar un óptimo equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, con un sistema tributario equitativo y eficiente en todos sus ámbitos. Debe atender, además de a la suficiencia financiera, al fortalecimiento de la competitividad, en este caso, del sector comercial.
Debido al impacto que pudiera tener un impuesto de este tipo en las políticas que se desarrollan en el ámbito municipal, la implantación de este tributo debería tener el consenso de las instituciones afectadas. En resumen, un impuesto medioambiental sobre grandes establecimientos comerciales en este momento sería contradictorio con un modelo tributario vasco basado en el acuerdo, la coordinación y la colaboración interinstitucional y además provocaría disfunciones en la política de protección al comercio.
