- La Comisión Mixta de Transferencias ha certificado los cuatro traspasos en un acto celebrado hoy en Bilbao en el que han participado el Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi
La Comisión Mixta de Transferencias ha certificado hoy el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, así como en su caso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales, de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de Instituciones Penitenciarias, Transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa. Con el cierre de estas materias quedan otras 27 transferencias para culminar lo establecido en el calendario acordado entre ambos gobiernos y, de este modo, dar cumplimiento al Estatuto de Gernika.
La Comisión Mixta es el órgano que establece las normas conforme a las que se transferirán a la Comunidad Autónoma de Euskadi las competencias que le corresponden en virtud del Estatuto de Gernika. También regula el traspaso de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución de las funciones y servicios transferidos.
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
La transferencia de mayor dimensión hace referencia a la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, también conocida como Prisiones. El acuerdo entre los Gobiernos vasco y español supone el traspaso a Euskadi de las funciones y los servicios penitenciarios, esto es, asume la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Bizkaia), Zaballa (Araba) y Martutene (Gipuzkoa). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a las personas penadas.
La transferencia será efectiva a partir del próximo 1 de octubre. Durante más de cuatro décadas han sido el Ministerio del Interior y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias los responsables de las tres prisiones de Euskadi. A partir de octubre pasarán el testigo al Gobierno Vasco, que asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Araba), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.
Los tres inmuebles han sido traspasados a Euskadi que se hará cargo en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado. Cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo y, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023. Esta operación no supondrá variación en la valoración del coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso.
La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre. Ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones. El centro penitenciario no se ha desafectado del servicio público.
El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos actuales que van a ser transferidos para su integración en la función pública vasca y que trabajan en las tres prisiones vascas. Alrededor de trescientos en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a doscientos. La mayoría son funcionarios, aunque también hay laborales.
El traspaso se valora en 1.120.933.225 euros, por lo que la CAE retendrá anualmente para financiar las funciones y servicios asumidos (reduciendo el 6,24% del Cupo), la cantidad anual de 69.949.977 euros. De este modo, Euskadi retendrá esa cantidad sin aportarla ya al Cupo y la integrará en sus Presupuestos para poder financiar el conjunto de funciones y servicios asumidos.
En 2011, el Gobierno Vasco asumió los servicios públicos de sanidad penitenciaria integrados en Osakidetza, que incluye las actividades sanitarias de tipo médico-legal.
TRANSPORTE POR CARRETERA
Los dos gobiernos también han acordado la transferencia del transporte por carretera, de modo que el Gobierno Vasco asumirá los medios para la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en Euskadi. En resumen, asumirá la gestión de autorización de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte privado, actividades auxiliares y complementarias del transporte, arbitraje y gestión de los exámenes de competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares.
El territorio de Araba ya viene contando con algunos de estos medios gracias a un convenio foral del año 1950. El acuerdo prevé la equiparación de lo establecido respecto a la Diputación Foral de Araba para las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia, así como la actualización del convenio alavés. El traspaso tendrá efectividad en el momento de suscripción de los convenios con las Diputaciones a lo largo del año 2021.
La Comunidad Autónoma de Euskadi asumirá 4 empleados públicos ahora dependientes del Estado que se integrarán provisionalmente enla función pública vasca, para ser posteriormente transferidos a las Diputaciones forales. Asimismo, se hará cargo de un espacio de 77 metros cuadrados en el Palacio de Chávarri (sede de la Subdelegación del Gobierno de España en Bizkaia, ubicada en la Plaza Moyua de Bilbao). La valoración económica del traspaso es de 153.000 euros, por lo que la CAE retendrá actualmente para financiar las funciones y servicios la cantidad anual de 9.581 euros.
ISSN
El acuerdo entre los Ejecutivos vasco y español también incluye el traspaso del código internacional de identificación bibliográfica o ISSN. Se trata de un número reconocido internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas. La gestión ha correspondido a la Biblioteca Nacional de España y tras la firma del traspaso la competencia pasará a manos de la Administración vasca. El traspaso supone que el Gobierno Vasco se hace cargo del otorgamiento del código ISSN en Euskadi, para lo cual se recepcionarán las solicitudes de los editores y se tramitarán y catalogarán las publicaciones periódicas con ISSN asignado.
DISTRITO MARÍTIMO DE ONDARROA
El paquete de transferencias acordados entre ambos gobiernos incluye también el traspaso de un inmueble en el puerto de Ondarroa hasta ahora de titularidad estatal. Este traspaso supone una ampliación de la transferencia de puertos realizada en su día. El traspaso de este edificio con una superficie de la parcela de 172 metros cuadrados y una superficie imputada total de 688 metros cuadrados, en el que se ubicaba la sede del Distrito Marítimo de Ondarroa permitirá completar las obras de regeneración del puerto de la localidad vizcaína. El antiguo edificio militar que después, en 1995, pasó a integrarse en el Ministerio competente en materia de puertos será derribado y en ese espacio se construirá una rotonda y una rampa de salida del muelle de carga de camiones.
De este modo, se pondrá fin al proyecto de construcción del edificio de la nueva lonja de pescado de Ondarroa, con el consiguiente traslado a esas dependencias del personal del Distrito Marítimo de Ondarroa y el posterior derribo de este inmueble que albergaba dicho servicio estatal. Esta operación permitirá culminar las obras de regeneración del puerto.
INTEGRANTES
En la reunión celebrada hoy a mediodía en la sede del Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, han participado el Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, y también presidente de la Comisión Mixta, Josu Erkoreka, la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, el Consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y el Consejo de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. También han participado Sabino Torre, Viceconsejero de Régimen Jurídico, y Begoña Pérez de Eulate, Directora de Autogobierno y secretaria de la Comisión Mixta.
La delegación del Gobierno español ha estado encabezada por el Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que ha estado acompañado por el Secretario de Estado del ramo, Víctor Francos, la Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, el Delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, la Secretaria de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, la Directora General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, Mónica García, la Directora de Cooperación Autonómica y Local, Carmen Cuesta, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el Director de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, el Director de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, la Directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, y el Secretario de la Comisión Mixta de Transferencias, Jorge García Carreño.
