Artolazabal anuncia la realización de un estudio que reconozca la presión ejercida por ETA en el colectivo de funcionarios de prisiones

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PRUEBA
  • La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales visita el centro penitenciario de Zaballa, donde rinde homenaje a Máximo Casado, funcionario asesinado en 2000
  • El documento anunciado por Artolazabal será realizado por el Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto, siguiendo la fórmula de otros trabajos sobre concejales, ertzainas o miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado
  • La viceconsejera Ana Agirre informa de que seis personas, “funcionarios y funcionarias de perfil técnico”, liderarán la gestión de las cárceles vascas bajo la supervisión de los tres directores de Justicia

 Vitoria-Gasteiz, 25/05/2021

“Hoy me acerco a este lugar en señal de profundo respeto y homenaje, para depositar unas flores como muestra de solidaridad con todo el colectivo de funcionarios de prisiones que han tenido que vivir la sinrazón de la barbarie terrorista de ETA”. Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pronunciaba estas palabras minutos antes de depositar un ramo de flores junto a la placa en recuerdo de Máximo Casado, funcionario de la cárcel de Nanclares de Oca, asesinado por ETA un 22 de octubre de 2000.

Artolazabal ha visitado esta tarde al centro penitenciario de Araba-Álava, más conocido como Zaballa, junto a la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y sus tres directores, Eugenio Artetxe, Javier Landeta y Jon Uriarte, quienes, a partir del 1 de octubre, asumirán la gestión de las cárceles vascas.

En el acto, también han estado presentes, la directora de Servicios Generales, Karmele Arias, y el asesor en Instituciones Penitenciarias, Jaime Tapia.

La delegación del Gobierno Vasco ha sido recibida por el director del centro penitenciario, Benito Aguirre, que ha ejercido como anfitrión.

Justo antes de comenzar la visita al interior de la prisión alavesa, la consejera ha tenido unas palabras de solidaridad con los funcionarios de prisiones, a quienes ha reconocido los tiempos difíciles que tuvieron que soportar por la “presión y la sinrazón de la barbarie terrorista”.

En este sentido, y “para reconocer y no olvidar este sufrimiento”, Artolazabal ha anunciado la puesta en marcha de un estudio en el que se reconozca estas “intimidaciones criminales”. El estudio será realizado por el Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto.

 “Nuestra dirección de Derechos Humanos va a seguir la misma fórmula de otros trabajos sobre concejales bajo la amenaza de ETA, ertzainas presionados o la difícil situación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi”, ha dicho la consejera, quien confía en que el estudio pueda presentarse el próximo año.

En su interlocución, Artolazabal reiteró que las víctimas “son y serán el eje sobre el que trabajamos el modelo penitenciario vasco” e insistió en su apuesta por la justicia restaurativa y las tres erres: “Resocializar, reeducar y reinsertar”. En esta línea ofreció una breve pincelada de la vida personal de Máximo Casado, justificando la acción en que “es importante que las personas no se pierdan en las estadísticas; porque tienen nombre y apellidos y porque no podemos ni debemos olvidar sus nombres y sus trayectorias”.

Seis incorporaciones al equipo de Justicia

La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, ha estado acompañada por sus tres directores, ya que en ellos recaerá la gestión del modelo vasco penitenciario. “El objetivo final es la reinserción de las personas presas, pero este es un largo camino que necesita de un equipo humano, de profesionales que marquen el itinerario”, ha dicho Agirre. 

Así, la dirección de Jon Uriarte asumirá todo lo relativo al trasvase de personal de una Administración a la otra. Por su parte, la de Javier Landeta se encargará de las infraestructuras y Recursos Generales; mientras que la de Eugenio Artetxe tomará el mando en todo lo relativo a la acción social penitenciaria y al régimen interno de los centros.

Asimismo, Ana Agirre ha anunciado la incorporación de seis personas al departamento, funcionarios y funcionarias que dependerán de alguna de las tres direcciones, en función de su área de trabajo, y que, a su vez, comandarán un equipo de 30 personas.

Las seis personas que llegan a Justicia provienen de áreas muy diversas. De hecho, dos acreditan una extensa trayectoria en el ámbito penitenciario, con amplia experiencia tratamental y en Justicia Juvenil; otra persona llega desde Lanbide, donde se ha especializado en la formación e inclusión social, y el resto posee una gran experiencia en la Administración General, en concreto en estructuras organizativas, infraestructuras, además de equipamientos y contratación.

Agirre también se ha referido al futuro de la vieja cárcel de Nanclares de Oca, ahora en desuso. “No hemos decidido qué hacer”, ha reconocido la viceconsejera, quien ha añadido: “Es importante preparar previamente un plan de infraestructuras penitenciarias que recoja las necesidades que tendremos a 5 o 10 años vista. Y una vez conocidas las necesidades, habría que analizar la adaptación de los edificios a esas necesidades”. Por ello, ha concluido: “Teniendo en cuenta que Zubieta no estará operativa hasta bien entrado 2023, disponemos de margen para trabajar el diagnóstico de las infraestructuras sin tener que precipitarnos”.

Tras las intervenciones de Artolazabal y Agirre, el director de la cárcel Benito Aguirre ha acompañado a la comitiva al interior del centro penitenciario. La consejera y el equipo de Justicia han visitado diferentes estancias como la zona de visitas, la enfermería, algunos módulos, zonas de ocio y los talleres de panadería, lavandería, cocina e industrial eléctrico.