- A los 1.017 inicialmente previstos se le podrían sumar otros 213 puestos de trabajo público, según ha señalado la consejera del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi
El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno prevé convocar este año 1.230 plazas para la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Función Pública ya está trabajando y negociando las bases para la oferta pública de empleo, que ya tiene comprometidos 1.017 puestos, a los que podrían añadirse otras 213 plazas también este año. El anuncio lo ha realizado la consejera Olatz Garamendi en el Parlamento Vasco durante su intervención para explicar los planes de su Departamento en relación a la consolidación del empleo público y la reducción de las tasas de interinidad de las plantillas en la Administración vasca.
En respuesta a una interpelación planteada por EH Bildu sobre la consolidación del empleo público, Garamendi ha reiterado durante el pleno de control hoy en el Parlamento Vasco su compromiso en atajar las altas de interinidad e impulsar procesos de consolidación. En este sentido, ha indicado que la herramienta básica para ir reduciendo la temporalidad es la puesta en marcha de procesos selectivos a la mayor brevedad posible. “Es urgente poner en marcha un proceso de consolidación que reconozca, de manera específica, la experiencia de las personas que llevan tiempo trabajando en nuestra Administración como personal interino”, ha apuntado la consejera, que ha añadido que estas personas “aportan una experiencia y un conocimiento fundamentales para la Administración”.
Garamendi ha destacado la importancia de la Ley de Cuerpos y Escalas, actualmente en tramitación parlamentaria, que recoge las herramientas necesarias para reordenar las funciones y titulaciones para cada puesto de trabajo y simplificar el número de grupos y subgrupos profesionales de la Administración. La consejera ha emplazado a los grupos parlamentarios a apoyar el proyecto de ley que facilitará la reducción de las tasas de interinidad.
Tras precisar que todos los interinos son trabajadores temporales, pero “no todos los temporales son interinos”, Garamendi ha señalado que frente a la cifra que sostienen los sindicatos de 3.500 temporales en la Administración General de Euskadi, la realidad es que “las vacantes realmente ofertables”, cubiertas por funcionariado interino, son 2.388. “No deja de ser una cifra preocupante, pero el dato real de las vacantes es ese y no otro”, ha apostillado la consejera.
Garamendi ha insistido en su apuesta por el diálogo y la negociación colectiva como vía para abordar la cuestión de la alta interinidad. En este sentido, subraya que su Departamento ha convocado en esta legislatura tres mesas de negociación y nueve mesas sectoriales de la Administración General en los que se ha abordado esta cuestión, además de las mesas sectoriales de Educación u Osakidetza. “Además, el diálogo bilateral con los sindicatos ha sido continuo desde finales del pasado año con, al menos, tres rondas de conversaciones”, ha precisado Garamendi, que ha añadido que ella personalmente se ha reunido en varias ocasiones con los agentes sociales.
En referencia a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, la consejera ha señalado que también se está buscando una solución a través de la modificación de la legislación básica para que cada comunidad autónoma pueda iniciar sus propios procesos con la máxima garantía y seguridad jurídica. En este sentido, ha revelado que este pasado jueves trasladó esta demanda directamente al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. “No podemos obviar que hemos llegado a esta situación de alta interinidad debido, en gran parte, a factores externos directamente relacionados con decisiones del Gobierno español y que han mermado la posibilidad de realizar ofertas públicas de empleo”, ha asegurado en referencia a las tasas de reposición de efectivos recogidas en sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado. “Siempre hemos defendido que las tasas de reposición van en contra de la capacidad de autoorganización reconocida en el Estatuto de Gernika, por lo que la norma estatal supone una clara invasión competencial”, ha apostillado.
