- Los desafíos a los que se enfrenta la cooperación han cambiado significativamente, y por ello, urge un nuevo marco legal
El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo se ha reunido esta mañana en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz en una sesión de trabajo en la que se ha discutido un primer borrador de anteproyecto de ley. El Programa de Gobierno 2020-2024 «Euskadi en Marcha» se compromete a elaborar y aprobar una nueva ley vasca de cooperación para el desarrollo que revise y amplíe el alcance de la actual ley de acuerdo con los desafíos que nos plantea el contexto global.
El proceso comenzó en enero con la socialización de un análisis sobre la ley vigente. Posteriormente, se han ido desarrollando espacios de contraste con diversos agentes como son: las administraciones públicas vascas y estatales, ONGD, centros de estudio y tecnológicos, organizaciones feministas y LGTBI+, asociaciones de personas migradas, agencias de la Naciones Unidas o agentes educativos.
En 2007, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Cooperación para el Desarrollo, que ha servido como paraguas legal a la solidaridad y cooperación vasca a favor de la justicia social y el desarrollo de los pueblos empobrecidos. Sin embargo, los desafíos a los que se enfrenta la cooperación han cambiado significativamente. Según Paul Ortega, director de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, “nos encontramos ante un contexto global de crisis sistémica, interdependiente y complejo que apela a nuevas formas de hacer cooperación”.
De esta manera, con la nueva ley “se buscar reforzar el compromiso solidario de Euskadi mediante una sociedad organizada y activa; consolidar la implicación de las instituciones públicas a favor del desarrollo humano sostenible, e implicar a diversos agentes impulsando alianzas entre ellos”, explica Ortega.
El Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo es un órgano consultivo que reúne a miembros de departamentos del Gobierno Vasco, de instituciones públicas, de las ONGD, de redes de organizaciones sociales, universidades y centros tecnológicos. Tras esta fase de contrastes y la correspondiente tramitación, el anteproyecto de ley será aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento.
