- Recuerda al Gobierno español que cumplir el Estatuto de Gernika supone llevar a cabo todos los traspasos y reclama que todas las materias pendientes sean negociadas y transferidas
- Garamendi denuncia “la poda y erosión silenciosa, continua y blanqueada” de las capacidades ya reconocidas a Euskadi, que tiene consecuencias perjudiciales para las políticas pública en Euskadi
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, ha afirmado hoy que espera que el Gobierno español no presente el próximo mes de octubre una propuesta de «una falsa transferencia» del Ingreso Mínimo Vital (IMV), porque la transferencia se debe realizar «en su totalidad». Tras subrayar que tiene la esperanza de que los traspasos se realizarán conforme a la figura de la transferencia, Garamendi ha destacado en una entrevista a ETB-1 que todas las materias pendientes de transferir son importantes «porque cumplir el Estatuto supone llevar a cabo todas las transferencias», aunque ha precisado que, en el caso del IMV, «hay un compromiso y estaba previsto que se realizara en un plazo y el tiempo sigue corriendo».
En este sentido, Garamendi ha reconocido que en mayo se recibió del Estado una propuesta de transferencia que fue rechazada por el Gobierno Vasco, “porque no aceptamos de ninguna manera una falsa transferencia” y ha añadido que cuando se transfiere una competencia establecida en el Estatuto “hay que hacerlo en su totalidad, y esperamos que no vuelva a suceder eso en la propuesta que nos envíen en octubre», ha advertido.
La consejera ha explicado que el Gobierno Vasco «está esperanzado» con el cumplimiento íntegro del Estatuto, pero también «esperando» a la propuesta de transferencia del IMV que el Gobierno español envíe el próximo mes de octubre y si en ella se refleja «la voluntad para cumplir el Estatuto» expresada por la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez, en su reunión con la consejera el pasado 17 de septiembre.
En una entrevista al programa ‘Egun on Euskadi’, Garamendi ha admitido que «no se han cumplido» los plazos en el cronograma que ambos gobiernos acordaron para completar las transferencias pendientes del Estatuto, aunque ha asegurado que «todos los temas que continuamente aparecen en el calendario deberían ser tratados, negociados y transferidos».
Además de las transferencias pendientes, la consejera Garamendi también se ha referido al vaciamiento del autogobierno ya transferido al Gobierno Vasco. «No se entiende que pasado tanto tiempo aún haya cuestiones por transferir, y que, por otro, se produzca una erosión silenciosa» del Estatuto de Gernika, que este octubre cumplirá 42 años desde su aprobación. Garamendi ha denunciado que hay competencias que sufren “una poda, una erosión silenciosa, blanqueada, ininterrumpida y completamente perjudicial” que tiene consecuencias en las políticas públicas diarias en Euskadi. En este sentido precisó que “es silenciosa porque, a través de diferentes técnicas, no es algo evidente, aunque ocurra continuamente durante las últimas décadas, y está blanqueada porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo esconde o ampara».
Tras recordar que esta práctica invasiva la realiza el Estado a través de diferentes técnicas jurídico-legales, la consejera se ha referido a los informes jurídicos de letrados y letradas recogidos en el libro ‘La erosión silenciosa’, publicado y presentado recientemente. Garamendi ha denunciado esta “erosión silenciosa” del Estatuto por parte del Gobierno español a través de la limitación y vaciamiento de competencias.
Sobre la transferencia de Prisiones que entra en vigor este sábado, 1 de octubre, Garamendi ha afirmado que todo está preparado para el cambio de titularidad y ha añadido que el Gobierno Vasco y el sindicato mayoritario en el sector, UGT, han alcanzado un acuerdo sobre las condiciones laborales de los trabajadores. “De esta forma, se mantienen las condiciones laborales hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir, se mantienen las condiciones de los trabajadores de las cárceles durante dos años. Así, tenemos un marco jurídico estable y claro para que los trabajadores sigan trabajando. Mientras tanto, tenemos dos años para negociar la estructura organizativa y el RPT”, ha explicado.
