El Servicio Público vasco de Empleo Lanbide acreditará en adelante el cumplimiento de los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital, sustituyendo en esta labor a los Ayuntamientos de Euskadi, lo que simplificará las gestiones de las personas demandantes y facilita el trabajo de los servicios sociales municipales, según ha comunicado esta mañana la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, al presidente de Eudel.
En la carta remitida para su extensión a todos los consistorios vascos, la Vicelehendakari recuerda el acuerdo alcanzado entre Lanbide y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación a las personas solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, que establece que la acreditación se realizará mediante certificación por parte de la Dirección de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, en función de la encomienda de gestión que existe en la actualidad y hasta que se culmine la transferencia íntegra.
Según el Real Decreto por el que se establece el IMV, el certificado acreditativo debe ser expedido por los servicios sociales competentes en materia de empadronamiento, residencia, convivientes o situación de exclusión social.
«Sin embargo, la situación específica de Euskadi nos ha llevado a valorar y negociar una propuesta alternativa para articular esta gestión», explica Idoia Mendia. Por una parte, la propia encomienda de gestión en vigor asumida por Lanbide, único caso en España, y que el servicio de empleo es el que garantiza la RGI, mientras que en el resto de Comunidades Autónomas esa función está asignada a sus servicios sociales, y por tanto sin intervención de las Entidades Locales.
A ello se suma que Lanbide cuenta para su gestión con servicios de interoperabilidad que el Gobierno Vasco ha establecido con otras administraciones públicas, que permiten el acceso directo a información relativa a cuestiones como el empadronamiento o la residencia.
«Por lo tanto, dadas sus competencias, experiencia y medios para la gestión en materia de garantía de ingresos e inclusión, Lanbide dispone de la capacidad requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos objeto de certificación para el acceso al IMV, en el caso de personas solicitantes de dicha prestación en Euskadi», señala la Vicelehendakari.
Idoia Mendia añade que la propia Eudel, en sus alegaciones al Anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, ha expuesto las dificultades para realizar las certificaciones. Por ello, y para «facilitar y simplificar a la ciudadanía el proceso para la solicitud del IMV», el convenio suscrito con el INSS hace que desde ahora el cumplimiento de requisitos que la normativa reguladora del IMV establece que debe realizarse mediante certificado expedido por los Servicios Sociales, se realizará en su lugar mediante certificación por parte de la Dirección de Prestaciones e Inclusión de Lanbide.
