Garamendi aboga por una ley de empleo público vasco que permita profundizar en un modelo propio para todo el sector público en Euskadi

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PRUEBA
  • La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno comparece en el Parlamento Vasco para exponer el proyecto de ley que regula la actividad de más de 100.000 empleados de las administraciones públicas vascas
  • El proyecto de ley pivota sobre el concepto de empleo público vasco y extiende sus previsiones al personal funcionario público, pero también al personal laboral y eventual.
  • La norma incorpora instrumentos de ordenación y profesionalización del empleo público e impulsa la carrera profesional poniendo el foco no en el puesto de trabajo sino en la persona y su desarrollo profesional

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha comparecido hoy ante los grupos parlamentarios de la Cámara vasca para explicar el proyecto de ley de Empleo Público vasco y ha defendido la necesidad de una norma que permita profundizar en un modelo vasco de empleo para todo el sector público de Euskadi. Ha defendido su apuesta por un modelo basado en los principios de integridad, transparencia y profesionalidad, “con la mirada puesta en la calidad del servicio y la relación con la ciudadanía” y que consolide la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Además, la iniciativa pretende reforzar los valores de lo público, defendiendo el servicio público, reconociendo la función pública y poniendo en valor en todo momento el trabajo del personal trabajador.

La iniciativa presentada por Garamendi, a petición propia, pivota sobre el concepto de empleo público vasco, superando el de función pública, y extiende buena parte de sus previsiones al personal funcionario público, pero también al personal laboral y eventual. Además, amplía su ámbito de actuación y modo de aplicación a todas las esferas del Sector Público Vasco. El proyecto de ley que fue aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Gobierno y actualmente se encuentra en trámite parlamentario regula la actividad de más de 100.000 empleados que trabajan en las diferentes administraciones públicas vascas: Administración General y organismos autónomos, diputaciones forales e instituciones locales, la universidad pública EHU/UPV, y los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas, entre otros.

La norma tiene como objeto la ordenación, definición del régimen jurídico y regulación de los instrumentos de gestión del empleo público. Tiene vocación integradora en cuanto a los ámbitos de actuación ya que propone una mayor homogeneización entre todos los niveles institucionales de Euskadi: autonómico, foral y local. Respeta la autonomía organizativa de cada ámbito, pero ofrece un suelo compartido a partir del cual cada administración puede desarrollar su capacidad organizativa.

La norma tiene vocación de regular los aspectos de las personas que trabajan en lo público en todo lo que tiene ver con la trayectoria profesional. También regula la ordenación y estructura del empleo público o el diseño del sistema retributivo, así como los órganos de empleo público y sus competencias. En el ámbito del desarrollo profesional, se propone impulsar y ampliar el concepto de la carrera profesional, considerándola como un instrumento de gestión para hacer más eficiente el funcionamiento y la prestación de servicios de las administraciones públicas. “No ponemos solo el foco en el puesto de trabajo como elemento vertebrador del empleo público, sino que lo centramos en la persona y su desarrollo”, ha explicado la consejera Garamendi a los parlamentarios de la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad.

En el ámbito de la selección, el proyecto de ley aboga por impulsar la profesionalización de los órganos permanentes de selección que establecerán y aplicarán los criterios comunes a los distintos procesos selectivos. Destaca la función del IVAP en el ámbito de la formación en el empleo público en cuanto a su diseño estratégico, organización y gestión. También prevé el desarrollo de procedimientos basados en los principios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia para la designación del personal directivo público profesional.

La iniciativa pretende, en clave de integración, avanzar en la coordinación del empleo público en el entramado institucional vasco y para ello el proyecto de ley prevé la creación de un nuevo órgano, la Comisión de Coordinación del Empleo Público. Se trata de un foro en el que las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán compartir experiencias, aunar criterios o promover políticas comunes en el ámbito del empleo público.