El Congreso de Empleo apuesta por un empleo de calidad como factor de competitividad ante las nuevas transformaciones

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  • El viceconsejero adelanta que la ley mejorará la cercanía de Lanbide a la empresa, innovará en políticas activas de empleo y ordenará la gobernanza del sistema

Las conclusiones del IV Congreso de Empleo recogen la necesidad de un empleo de calidad, no sólo como factor de competitividad empresarial, sino que puede ser uno de los principales motores para abordar la triple transición energético-ambiental, demográfica y digital. Para ello se apuesta por políticas innovadoras a liderar desde el servicio público de empleo, que incluso se abra a la reflexión sobre su naturaleza jurídica para una mayor eficacia.

Tras una primera jornada en la que participaron todos los niveles institucionales que actúan en materia de empleo, así como los agentes sociales, la segunda sesión del Congreso se ha centrado especialmente en la innovación con Jaime Lopez Cossio, consultor experto del Banco Mundial, las estrategias de largo plazo con la subdirectora de la Oficina Nacional de Prospección y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España, Sara Baliña, las distintas formas de emprendimiento y la función de los servicios públicos de empleo. Tras ello, se ha abordado una mesa de conclusiones, donde se ha coincidido en que, en el actual momento histórico, en la salida de una crisis inédita y en medio de intensas transformaciones, el empleo de calidad puede ser un motor de competitividad para una economía sostenible y preparada para futuros retos.

Para ello se ha destacado la necesidad de implementar políticas innovadoras en todos los ámbitos, incluyendo programas piloto que ofrezcan respuestas distintas a los problemas que se plantean, y que afectan directamente a los distintos servicios públicos de empleo. En este sentido, se ha apuntado que el momento exige abrir todos los debates, también el de la naturaleza jurídica de estos servicios. Esta cuestión está también planteada en el proyecto Lanbide Hobetzen, aprobado la pasada semana por su Consejo de Administración, y que requerirá la implicación de quienes trabajan en este servicio.

Ley Sistema vasco de Empleo

Entre las conclusiones figura también la necesidad de una Ley en Euskadi que ordene el sistema e innove en las políticas activas orientándolas a resultados, a las personas y las empresas. A ello se ha referido el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, que ha resumido el trabajo realizado hasta la fecha para la redacción de la primera Ley del Sistema Vasco de Empleo, de forma que se cubra el vacío normativo existente desde que hace diez años Euskadi asumiera las competencias en políticas activas, lo que ha dado lugar a que todas las instituciones, agencias de desarrollo comarcal, clusters, red de ciencia y tecnología o el tercer sector y las propias empresas tengan iniciativas en esta materia.

La necesidad de una gobernanza cooperativa es precisamente una de las demandas más significativas por parte de los 150 agentes institucionales, sociales y económicos a los que se ha entrevistado en los últimos meses. En sus respuestas, hay una amplia coincidencia en lo referido a la complejidad administrativa actual y la respuesta tardía a las demandas que se plantean, y que atribuyen a un esfuerzo de visibilidad por encima de la eficacia. Es en este ámbito donde reclaman referencias de liderazgo, algo a lo que se comprometió en la inauguración la Vicelehendakari Idoia Mendia, y una simplificación de la oferta de servicios.

Las entrevistas, que culminan el proceso participativo emprendido hace un año para incorporar aportaciones a la Ley que debe llegar al Parlamento en 2022, también valoran la incorporación de un nuevo derecho para la ciudadanía, el de contar con formación a lo largo de su vida laboral a fin de adaptarse a las necesidades cambiantes de la economía. Este derecho es visto con prudencia, fundamentalmente porque es una experiencia con muy pocas referencias en nuestro entorno, pero hay una opinión claramente mayoritaria de que, ante les necesidades formativas, va a ser un “acelerador” de las políticas activas de empleo.

Otra de las cuestiones ampliamente compartidas es la necesidad de que el servicio público de empleo tenga mayor cercanía a las empresas, a sus necesidades formativas para adaptarse a las exigencias de las transiciones en marcha. En este sentido, ya se han implantado programas innovadores que desde el año que viene contarán, además, con una unidad específica que se acercará a esas empresas, detectar esas necesidades y ponerles en contacto con quienes demandan empleo, con la formación adecuada.